Los tres imputados por la muerte de la joven Cesia Reinaga, un menor de 14 años, su padre y su abuelastro, podrían ser beneficiados con prisión domiciliaria, luego de que la defensa presentó un pedido en este sentido, cuyo trámite avanza en la Justicia, según advirtió la querella.
Si bien una semana atrás la jueza que entiende en la causa, María del Rosario Hinojo, dictó la prisión preventiva para los imputados mayores de edad, por el delito de amenazas coactivas, y dispuso no hacer lugar a un pedido de entregar a su madre al menor imputado, la defensa presentó recientemente un nuevo pedido que se encuentra actualmente en trámite.
La defensa solicitó en esta ocasión que se otorgue el beneficio de la entrega vigilada del menor y un pedido subsidiario de prisión domiciliaria para los mayores imputados.
“Vemos con preocupación que se está avanzando en el trámite”, señaló Cristian Molina, abogado del Consejo Provincial de la Mujer, que patrocina legalmente a los padres de Cesia. “La jueza dispuso que se lleven adelante las medidas previas para la posibilidad de la concesión del beneficio”, resaltó.
Molina resaltó que en el pedido del beneficio se ofrecen para su cumplimiento domicilios ubicados en San Salvador de Jujuy, aunque la madre del menor, la concejal Noelia Velázquez, debería estar radicada en Abra Pampa para poder ocupar ese cargo, lo que llamó la atención de la querella.
“Sería un escándalo que obtuvieran este tipo de beneficio ante semejante delito que se está investigando”, señaló el abogado y resaltó que “estamos hablando de uno de los femicidios más dolorosos de estos meses”.
“Lamentablemente la familia no encuentra al día de hoy consuelo o una explicación alguna a lo que ocurrió”, explicó Molina. “Una noticia de este tipo les genera un desconsuelo terrible”, aseguró.
El abogado explicó que los padres de la joven Cesia tuvieron la posibilidad de manifestar al fiscal Diego Cussel su disconformidad con el pedido de la defensa. Ahora se espera que en en estos próximos días el fiscal emita un dictamen en este sentido, y si bien se espera que rechace el pedido de la defensa, su resolución no es vinculante, por lo que la jueza es quien tiene la última palabra.
En cuanto a las expectativas por una posible condena de los imputados, Molina indicó que por su edad, el menor es inimputable, y si bien los mayores están siendo investigados por amenazas coactivas, “no descartamos la posibilidad de que se los pueda responsabilizar de delitos más graves. Esto sigue en plena investigación y hay pruebas que faltan producirse todavía”.
El abogado adelantó además que en caso de que la causa llegue a juicio oral, “el Consejo Provincial de la Mujer va a solicitar el máximo de la pena que nos otorgue el Código Penal”.
