Una serie de conversaciones filtradas puso en el centro de la escena a árbitros del fútbol argentino y reavivó la investigación por presunto amaño de partidos, en una causa que también salpica a dirigentes de peso dentro de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
En el expediente aparecen mencionados los jueces Luis Lobo Medina, Fernando Espinoza, Adrián Franklin y Jorge Nelson Sosa, quienes habrían mantenido intercambios con el ex asesor Juan Pablo Beacon. Según los chats analizados, existirían indicios de maniobras orientadas a influir en resultados deportivos, con pagos y beneficios asociados a determinadas decisiones arbitrales.
Uno de los casos más resonantes involucra a Lobo Medina, denunciado por el legislador Facundo Del Gaiso por el partido entre Tigre y Mitre de Santiago del Estero en 2021. La acusación sostiene que se habría acordado un pago de $400.000 para favorecer al equipo de Victoria. El encuentro, que terminó 3-3, quedó bajo sospecha por decisiones clave como expulsiones y un penal discutido.
La polémica también alcanza a Fernando Espinoza, quien en mensajes posteriores a un partido entre Racing y Arsenal expresó preocupación por posibles consecuencias de su actuación y pidió respaldo a dirigentes. En esos intercambios aparece mencionado “Pablo”, en alusión al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.
Otro de los episodios investigados involucra a Jorge Sosa, quien habría recibido dinero para favorecer a Barracas Central en un encuentro ante Belgrano. Según los registros, el pago se habría concretado el mismo día del partido, tras una serie de decisiones arbitrales que incluyeron expulsiones y un gol bajo sospecha de offside.
En paralelo, también surgen menciones a Adrián Franklin, actualmente vinculado al VAR, quien habría manifestado predisposición a intervenir en situaciones específicas según los chats incorporados a la causa.
El avance de la investigación coincide con una semana judicial compleja para el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y su entorno, en medio de otras causas que también los involucran. La justicia ahora deberá determinar el grado de veracidad de las conversaciones y si existieron delitos vinculados a manipulación de resultados, pagos indebidos y defraudación.
Mientras tanto, el escándalo vuelve a poner bajo la lupa la transparencia del arbitraje argentino y abre un nuevo capítulo de tensión institucional en el fútbol local.
