por El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, solicitó la nulidad del llamado a indagatoria en la causa que investiga la evasión de más de $19.000 millones. El planteo fue presentado este viernes por sus abogados, quienes argumentan que “no hubo delito y que la deuda fue cancelada”.
La citación a Tapia se había dispuesto en el marco de una investigación iniciada a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social que no habrían sido depositados en tiempo y forma. Además de Tapia, fueron convocados el tesorero Pablo Toviggino y otros dirigentes vinculados a la conducción de la entidad.
El cronograma original establecía que Tapia debía presentarse el jueves 5 de marzo, mientras que Toviggino estaba citado para el día siguiente; no obstante, la indagatoria del tesorero fue postergada. La resolución del juez incluyó además la prohibición de salida del país para los imputados. En este marco, días atrás Tapia solicitó autorización para viajar a Brasil y Colombia por compromisos deportivos; el magistrado habilitó el viaje, fijando una caución real de 5 millones de pesos como garantía.
Origen de la causa y montos involucrados
Según ARCA, la investigación abarca el período comprendido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025 e incluye retenciones de IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones previsionales. La denuncia inicial indicaba un monto no ingresado de $7.593.903.512,23, que luego se amplió sumando $11.759.643.331,62, superando así los $19.300 millones.
El organismo recaudador sostiene que las maniobras podrían encuadrar en el delito de omisión por parte de un agente de retención, dado que los fondos retenidos “no constituyen recursos propios, sino ajenos del Estado”, y que “el delito se consuma con dolo, es decir, con conocimiento del deber legal de ingresar las sumas retenidas y posibilidad real de hacerlo”.
Pruebas y fundamentos de la indagatoria
Para disponer el llamado a indagatoria, el juez valoró un informe técnico sobre los movimientos financieros de la AFA. Según ese informe, en diciembre de 2024 se registraron acreditaciones por más de $45.072 millones y durante 2025 los ingresos superaron los $453.449 millones, con múltiples plazos fijos en pesos y dólares. También se incorporaron informes bancarios y la declaración de la contadora Mónica Bouvet, quien detalló que los vencimientos se informaban a Tapia y que la instrucción de pago dependía de las autoridades principales de la entidad: Presidente, Secretario y Tesorero.
La figura penal prevista establece penas de entre dos y seis años de prisión para los agentes de retención que no depositen, total o parcialmente, dentro de los 30 días corridos del vencimiento, el tributo retenido o percibido, siempre que el monto supere los $100.000 por mes.
