La Cámara Federal en lo Penal Económico confirmó este viernes el procesamiento de Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y del tesorero Pablo Toviggino en una causa por presunta evasión y retención indebida de aportes y contribuciones a la seguridad social. Con esta decisión judicial, ambos quedaron a un paso de enfrentar un juicio oral.
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que acusó a la AFA de no haber abonado en tiempo y forma más de 19.000 millones de pesos correspondientes a impuestos y aportes patronales.
Los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio ratificaron el procesamiento dispuesto previamente por el juez federal en lo Penal Económico Diego Amarante, quien consideró acreditada la presunta comisión de delitos de apropiación indebida de tributos agravada y apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravada, en reiteradas oportunidades.
Además, la Cámara dejó firme el embargo de 350 millones de pesos sobre los bienes de Tapia y Toviggino. En el caso del presidente de la AFA y de la propia entidad, los jueces declararon desiertas las apelaciones presentadas por la defensa debido a cuestiones procesales vinculadas a la audiencia de revisión.
La resolución no modifica, por el momento, la situación procesal de Tapia, quien actualmente se encuentra en Estados Unidos acompañando a la Selección Argentina en el Mundial 2026 con autorización judicial.
Por otra parte, los procesamientos de Cristian Malaspina, Víctor Blanco y Gustavo Lorenzo fueron revocados por considerarse prematuros, aunque el tribunal ordenó profundizar la investigación para determinar eventuales responsabilidades.
Según la causa, la AFA, en su carácter de agente de retención, habría retenido impuestos y aportes de la seguridad social que debían ser transferidos al organismo recaudador dentro de los plazos establecidos. Desde la entidad sostienen que gran parte de la deuda ya fue regularizada y argumentan que actuaron bajo regímenes de alivio fiscal y prórrogas habilitadas por el Ministerio de Economía.
Con los procesamientos confirmados, la causa avanza hacia la etapa de juicio oral, donde se definirá la responsabilidad penal de los acusados.
