CRISIS
por La presidenta de Perú, Dina Boluarte, instaló un “gabinete de crisis” con el objeto de “promover la paz social” en el contexto de las protestas iniciadas hace seis días tras la destitución del entonces mandatario Pedro Castillo, y no descartaba decretar para todo el país el estado de sitio que ya regía en la región de Apurímac y este martes se extendió a la de Arequipa, informó la prensa local.
Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo aclaró que en el contexto de esas protestas murieron seis personas y no siete, como había reportado en la noche de este lunes y un juez supremo ratificó la prisión preventiva de Castillo hasta mañana, al rechazar una apelación.l
Los gobernadores regionales, en tanto, pidieron al Congreso que sancione en el curso de este mes la reforma necesaria para adelantar a 2024 las elecciones generales previstas para 2026.
Boluarte precisó que el gabinete de crisis está integrado por el primer ministro, Pedro Angulo; los ministros de Interior, de Defensa, de Transportes y Comunicaciones y de Desarrollo e Inclusión Social, y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
La mandataria anticipó que junto a esos funcionarios y a los miembros de los estados mayores de las Fuerzas Armadas evaluaría esta tarde “la instalación del estado de emergencia a nivel nacional”, aunque aclaró que esperaba que no hiciera falta “llegar a estos extremos”, según la agencia de noticias Andina.
La jefa del Estado decretó este lunes el estado de emergencia (sitio) por 60 días en el departamento Apurímac -donde se registraron cinco de las seis víctimas fatales- y este martes lo extendió a la región de Arequipa, en este caso por 30 días, anunció el ministro de Defensa, Alberto Otárola.
El estado de emergencia implica la suspensión de garantías constitucionales tales como la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión, según el decreto publicado en el diario oficial El Peruano.
Asimismo, Boluarte adelantó que esta noche se reuniría el Consejo de Estado, un organismo no oficial pero usual en el país, que nuclea a las máximas autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a las de los organismos autónomos tales como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Contraloría General, entre otros.
El ministro del Interior, César Cervantes, dijo este lunes que se debía “evaluar” la “presencia física” de las Fuerzas Armadas en la contención de los disturbios.
Por otra parte, el jefe de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional del Perú (PNP), general Oscar Arriola, aseguró que miembros del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef, considerado una organización de fachada de Sendero Luminoso) tenían “una actividad incesante” en las manifestaciones.
Las protestas se mantenían este martes en gran parte del país, incluida Lima, donde la PNP desplegó más de 5.000 efectivos solo para custodiar el centro histórico de la ciudad, informó el jefe de la Región Policial Lima, general Víctor Zanabria, quien además reportó 32 agentes heridos y 11 manifestantes detenidos en la capital.
Zanabria advirtió que a partir de este martes la PNP aumentaría la capacidad de respuesta con el uso de perdigones de goma, “porque ya los actos de violencia hacia el personal policial elevan el nivel de riesgo y están causando lesiones graves, y posiblemente en algunos casos la muerte”.
Hasta esta tarde, sin embargo, no se había informado sobre nuevas víctimas fatales e incluso la Defensoría del Pueblo corrigió su informe de este lunes y precisó que los fallecidos en el contexto de las protestas eran seis -dos el domingo y cuatro este lunes cinco en Apurímac y uno en Arequipa- y no siete, según el diario limeño La República.
También se mantenían suspendidas las clases presenciales en varias regiones, entre ellas Cusco, Ica, La Libertad y Lima Provincias. Solo en algunas provincias de La Libertad estaba previsto retomarlas entre este martes y miércoles, mientras en las demás áreas la cancelación no tenía fecha límite.
Mientras tanto, el juez supremo César San Martín -el mismo que en 2009 condenó al expresidente Alberto Fujimori- rechazó el recurso interpuesto por la defensa de Castillo y ratificó la prisión provisional ordenada el miércoles pasado con vigencia hasta mañana.
En la audiencia, Castillo reiteró que “jamás” renunciará a la jefatura del Estado, tal como lo había expresado en una carta manuscrita.
En ese contexto, los gobernadores regionales exhortaron al Congreso a aprobar este mes y ratificar “el primer día hábil” de enero la reforma constitucional necesaria para posibilitar el adelanto a 2024 de las elecciones generales previstas para 2026, para lo cual Boluarte envió este lunes un proyecto de ley al parlamento.
“Creo que ese sería un buen primer paso para salir de este difícil momento que estamos viviendo en el país”, dijo el gobernador de Cusco y presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales (ANGR), Jean Paul Benavente, a la radio RPP.
Paralelamente, las principales entidades gremiales de trabajadores y empresarios exhortaron a los ciudadanos a protestar de manera pacífica.
“Creemos que las manifestaciones, las movilizaciones y las protestas tienen que ser en forma pacífica”, afirmó el presidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Luis Villanueva, en declaraciones a periodistas en las afueras del Palacio de Gobierno.
Villanueva agregó que había asistido a la sede del Ejecutivo para pedir medidas que atenúen la situación y sostuvo que el adelanto de las elecciones, no a 2024 sino a 2023, es “una condición” para que “la actual crisis política termine”.
En tanto, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Asociación de Exportadores (Adex) llamaron a la calma y a la paz social en un comunicado conjunto.
“Si bien el derecho de protesta está garantizado dentro de la Constitución, esta no debe derivar en acciones que atenten contra los derechos de los demás peruanos; no debe vulnerarse la seguridad, el libre tránsito, el orden público y la propiedad privada”, subrayó el documento.
Por otra parte, la Cancillería sostuvo en un comunicado que “las decisiones contrarias al orden constitucional y democrático que adoptó el expresidente Pedro Castillo (...) constituyen un golpe de estado”, en respuesta a un comunicado conjunto de los gobiernos de la Argentina, Bolivia, Colombia y México que cuestionó la destitución del exmandatario y su sucesión por Boluarte.
Además, la canciller, Ana Gervasi, agradeció el respaldo del gobierno de Estados Unidos, expresadoeste martes en una visita de la embajadora Lisa Kenna a Boluarte.
Fuente: Télam
