La Corte Suprema de EE.UU. anuló los aranceles impuestos por Donald Trump
La Corte Suprema de los Estados Unidos declaró inconstitucionales los aranceles globales impuestos por el presidente Donald Trump al considerar que excedieron las facultades del Poder Ejecutivo. La decisión fue adoptada por seis votos contra tres y estableció que la autoridad para fijar tributos corresponde al Congreso.
El fallo se centró en la utilización de la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), una ley de 1977 que otorga al presidente facultades especiales en situaciones de emergencia nacional. Según la mayoría del tribunal, esa norma no habilita la imposición de aranceles sin autorización legislativa expresa.
En la opinión mayoritaria, el presidente del tribunal, John Roberts, sostuvo que “los redactores de la Constitución no otorgaron ninguna parte del poder tributario al Poder Ejecutivo” y que esa atribución corresponde “muy claramente” al Congreso.
La sentencia invalida los aranceles denominados “recíprocos” que habían sido aplicados desde abril de 2025 a una amplia gama de importaciones. El Gobierno había justificado esas medidas en el marco de una emergencia nacional vinculada a desequilibrios comerciales y otros factores económicos.
Los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh votaron en disidencia. En su opinión, señalaron que el texto legal y los antecedentes históricos podían respaldar la interpretación adoptada por el Ejecutivo.
Contexto y antecedentes
Los aranceles habían generado cuestionamientos judiciales por parte de estados, empresas y asociaciones comerciales que objetaron el uso de la IEEPA como fundamento para establecer gravámenes. La medida implicó la recaudación de miles de millones de dólares en derechos de importación.
El fallo no impide que el presidente recurra a otros mecanismos previstos en la legislación comercial estadounidense para aplicar aranceles, aunque esos instrumentos contemplan procedimientos y límites específicos.
La decisión fija un precedente sobre el alcance de las facultades presidenciales en materia de comercio internacional y delimita el uso de poderes de emergencia para la adopción de medidas tributarias.