Uruguay pone en marcha la ley de eutanasia: cómo es el protocolo
El Ministerio de Salud Pública (MSP) presentó este lunes el protocolo de aplicación de la ley de eutanasia, también conocida como Muerte Digna, que comenzó a regir este martes en todo Uruguay.
La ministra Cristina Lustemberg aseguró que el procedimiento “se elaboró con mucha seriedad, cuidado y responsabilidad”, luego de meses de trabajo técnico para definir cómo se aplicará la normativa en todo el sistema de salud.
La ley 20.431 habilita el acceso a la eutanasia a personas mayores de edad, psíquicamente aptas, que atraviesen la etapa terminal de una enfermedad incurable e irreversible o padezcan sufrimientos considerados insoportables, con un deterioro grave y progresivo en su calidad de vida.
El protocolo establece un procedimiento detallado que incluye varias etapas: la solicitud formal del paciente, la evaluación de un médico tratante y otro consultante, la expresión escrita de la voluntad, su ratificación y, finalmente, la realización del procedimiento. También se contempla la posible intervención de una junta médica para garantizar la objetividad en los casos que lo requieran.
Uno de los ejes centrales es el respeto absoluto por la voluntad del paciente. La normativa permite que la persona pueda revocar su decisión en cualquier momento y elegir condiciones clave, como el lugar donde se realizará —ya sea en un centro de salud o en su domicilio— y si desea estar acompañada durante el proceso.
Además, el protocolo precisa definiciones médicas para delimitar quiénes pueden acceder al procedimiento, incluyendo los conceptos de enfermedad incurable, irreversible y sufrimiento insoportable. También podrán solicitar la eutanasia ciudadanos uruguayos, residentes legales y extranjeros con residencia comprobada en el país..
La reglamentación también obliga a todos los prestadores de salud a garantizar el acceso a este derecho. En caso de que una institución no cuente con profesionales disponibles por objeción de conciencia, deberá gestionar el procedimiento a través de otro prestador.
Finalmente, se creó una Comisión Honoraria de Revisión que supervisará cada caso para asegurar el cumplimiento de la normativa. Si se detectan irregularidades graves, el Ministerio de Salud Pública podrá realizar denuncias ante la Justicia.