En el audio se podía escuchar cómo el abogado Gastón Baigorria Siufi, ex funcionario del gobierno provincial, realizaba un pedido de coimas a Rodrigo Insausti, titular de la empresa constructora IMBER. A partir de allí hubo lugar para muchas especulaciones sobre cómo se controlaban la ejecución de las obras públicas.
El Doctor Joaquín Millón Quintana, Fiscal Anticorrupción de la provincia de Jujuy, se refirió a los avances en la causa e indicó que desde un primer momento se trabajó en dos líneas investigativas.
Pedido de coimas
“Desde el primer momento en que se tomó conocimiento de un posible delito por lo escuchado en ese audio, desde la Oficina Anticorrupción y desde la Fiscalía de Investigación Penal N°2 iniciaron investigaciones de oficio”, expresó Millón Quintana.
En septiembre del año pasado, el fiscal Diego Cussel pidió la elevación a juicio al considerar que había suficientes pruebas para determinar que Baigorria Siufi habría cometido el delito de “cohecho activo” al exigir coimas o dádivas al empresario Rodrigo Insausti.
El titular del organismo que debe investigar hechos de corrupción, manifestó que ahora esperan la fecha de juicio aunque aclaró que el ex funcionario Baigorria Siufi se abstuvo de declarar y de someterse a una prueba pericial de voz en la instancia que lo citaron para ello. Además, comentó que la defensa del implicado presentó un recurso de apelación por lo que desde la Oficina Anticorrupción estipulan que luego de que finalice el plazo de las apelaciones, se pueda llegar a un juicio para determinar si hubo o no delito de “cohecho activo”.
Irregularidades en obras públicas
Otra línea de investigación que se abrió con la viralización del “audio de la vergüenza” busca determinar si hubo irregularidades en la ejecución de obras públicas.
La Oficina Anticorrupción analizó un expediente relacionado con la empresa INBER de los cuatro que en el audio nombraba Baigorria Siufi. Sin embargo, existe un problema en este caso como en otros casi 300 expedientes y es la dificultad de corroborar la ejecución de las mismas.
El inconveniente reviste en poder corroborar si en esos casos hubo irregularidades “son obras de enripiado, mejoramiento de calzada y movimiento de tierras en la que se hace difícil comprobar empíricamente si esas obras fueron o no realizadas ya que fueron afectadas por el factor erosivo del clima, la pendiente y el tránsito que dificultan la tarea”, explicó el funcionario.
Sin embargo, el fiscal Aldo Lozano lleva a cabo investigaciones de alrededor de 300 expedientes que fueron remitidos a la justicia tanto por la Oficina Anticorrupción como por otros organismos del estado como el Ministerio de Infraestrustura y la Secretaría de Ordenamiento y Vivienda. Todos ellos serían casos de obras poca envergadura.
No obstante, Millón Quintana sostuvo que sí se pueden observar irregularidades en la tramitación y control de las obras de esos casi 300 expedientes.
“Las empresas están siendo investigadas por el fiscal Aldo Lozano para determinar si hubo afectación del patrimonio estatal y si existió una matriz corrupta”, finalizó.
