En la jornada del miércoles se realizaron 15 allanamientos en sedes de organizaciones de Jujuy y también en domicilios de dirigentes sociales en el marco de una causa que investiga presunta asociación ilícita y extorsiones. El fiscal Diego Funes dio a conocer hoy en conferencia de prensa cómo inició la investigación.
Ante los medios de comunicación, el letrado señaló que la Investigación Penal Preparatoria comenzó hace dos meses con denuncias de los propios beneficiarios de planes sociales quienes indicaban que a cambio de seguir recibiendo la ayuda eran obligados a asistir a marchas y también a entregarle dinero a la organización social para no ser dados de baja.
"Personas vulnerables socioeconómicamente habían sido amenazadas o amedrentadas con perder sus beneficios sociales en caso de no asistir a las marchas o en caso de no abonar una cierta suma de dinero a las organizaciones a las que pertenecían. También hubo varias denuncias sobre una práctica que consistía en sanciones con multas cuando no asistían a las movilizaciones, monto que aumentaba si no participaban de dos marchas y también se los amenazaba con perder definitivamente el plan en caso de varias inasistencias", explicó el fiscal Diego Funes.También te puede interesar: Allanaron 15 domicilios en Jujuy por presunta extorsión de líderes de organizaciones sociales
El fiscal a cargo de la investigación indicó que en varias de las organizaciones aparecía el mismo modus operandi. "Entendimos que detrás del delito de extorción no solo había un dirigente o referente que había decidido amedrentar a personas de bajos recursos sino que existía organización y planificación. Había una estructura detrás de esto que pergeñaba la planificación delictiva", detalló.
Sobre los montos que debían abonar los beneficiarios de planes sociales, el fiscal Funes manifestó que en algunos casos las personas de bajos recursos debían pagar hasta la mitad de su plan y en otros casos "la tarifa era menor".
Sobre las personas involucradas en los presuntos delitos, el fiscal recalcó que aún no se detuvo ni procesó a nadie pero las denuncias apuntan tanto a dirigentes sociales como a las organizaciones, es decir personas físicas y jurídicas.
Por último, el fiscal Diego Funes señaló que la hipótesis que se maneja es que "existía un cierto mecanismo para hacerse del dinero de las personas vulnerables". "Lo que nos llamó la atención de algunas de las personas allanadas ayer es que contaban con documentación que nos hace pensar que tienen un manejo de dinero muy importante que no se corresponde con su situación de desocupado o beneficiario de algún tipo de plan social"
