El Ministerio Público de la Acusación (MPA) informó que en el marco de una Investigación Penal Preparatoria (IPP) este miércoles se llevaron adelante más de una decena de allanamientos en el marco de una causa en la que se investigan supuestas extorsiones y la conformación de una asociación ilícita en ese contexto.
La IPP es desarrollada por la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y contra la Administración Pública Nº 2, a cargo de Diego Ignacio Funes.
Las medidas probatorias fueron solicitadas para investigar hechos denunciados por supuestos damnificados que señalan que serían extorsionados por dirigentes de organizaciones sociales que los amenazarían con quitarles los planes sociales si no realizan aportes o asisten las marchas que convocan, entre otras circunstancias.
Por ello, y contando con el análisis de los indicios que obran en la causa, el fiscal solicitó al Juzgado de Control los allanamientos de distintos inmuebles. Este 6 de julio se llevó adelante la medida y, junto con personal policial, allanaron en total 15 inmuebles, entre ellos 10 viviendas y sedes de organizaciones sociales.
Hasta el momento no hay personas imputadas ni detenidas y la IPP continúa con una serie de medidas ordenadas por el fiscal para lograr establecer la comisión, o no, de los mencionados delitos.
LA DENUNCIA DE LAS ORGANIZACIONES
El Frente de Organizaciones en Lucha denunció a través de las redes sociales que los procedimientos impulsados por la Justicia constituyen una persecución. "Esto forma parte de la campaña de estigmatización contra los movimientos sociales que se viene instalando desde sectores de poder, en medio del contexto de ajuste que vive el pueblo argentino", afirmaron.
"En nuestros espacios tenemos nuestras herramientas y productivos de trabajo, brindamos clases de apoyo a los niñxs del barrio, talleres de oficios, deportivos y artísticos, un comedor que atiende a 150 familias pobres de Jujuy", expresaron en referencia a los espacios que fueron registrados por la Policía.
