El gobernador Gerardo Morales, a través de Fiscalía de Estado, radicó una denuncia penal ante el Ministerio Público de la Acusación para que se investigue la presunta comisión de ilícitos, consistentes en la retención indebida de pagos en perjuicio de trabajadores de cooperativas.
Mediante una denuncia por nota recibida en sede gubernamental, un grupo de personas dio cuenta de irregularidades en el seno administrativo de once cooperativas nucleadas en la Unidad Coordinadora y Ejecutora de Planes y Programas Interministeriales (UCEPPI).
Aparentemente, al momento de cobrar por los servicios prestados en la ejecución de proyectos encuadrados en el Plan de Contingencia “Jujuy Asiste y Reactiva”, los trabajadores habrían sido objeto de retenciones. Sobre los 6.000 pesos que debía percibir cada trabajador, se habría practicado una retención de 300 pesos, medida ilegal que habría alcanzado a un número indeterminado de personas.
Se sabe que aproximadamente 200 trabajadores se desempeñan en las cooperativas a investigar.
Frente a esta situación, el gobernador impartió precisas instrucciones a Fiscalía de Estado para formular las correspondientes denuncias, ratificando así su compromiso de combatir y erradicar toda práctica ilícita de opresión.
