El juez de control Nº3, Rodolfo Fernández, que acompaña la investigación del fiscal Diego Funes sobre supuesta asociación ilícita en organizaciones sociales rechazó que se trate de una persecución política y aseguró que se trata de una investigación para poder determinar si se les cobra un “aporte” a los beneficiarios de planes sociales, algo que está fuera de la ley.
Las organizaciones sociales consideran que se trata de una persecución y marcharon en varias oportunidades a Casa de Gobierno en rechazo a los allanamientos que se realizaron en el marco de esta causa.“Acá no hay ninguna persecución”, afirmó Fernández y explicó que “lo que hay es una investigación generada por el Ministerio Público de la Acusación, destinada a establecer si las personas beneficiarias de planes sociales se les sustrae, se le descuenta, en calidad de aporte, contribución o lo que sea, dinero de ese plan social que reciben”.
El juez indicó que “hay gente que dice 'soy beneficiario de un plan y me sacan plata de ese plan”. En ese sentido puntualizó que “primero hay que ver si ese hecho existe”. Remarcó que “hay varias denuncias”, por lo que concluye que “hay sospechas de que existe”.
En segundo lugar, indicó que se debe “determinar quiénes son los responsables”. En ese sentido aseguró que los referentes de las organizaciones sociales “no están visibilizados o individualizados de manera fehaciente”
Es por eso que, según explicó Fernández, “el fiscal debe recurrir a una estrategia para saber de qué organizaciones se trata, cómo están organizadas, etcétera, para determinar eventualmente la responsabilidad penal de esas personas, si es que las hubiere”.
Finalmente, Fernández indicó que “lo que se pretende con esto, es decirle a las personas que son beneficiarias de planes sociales, que no puede existir nadie que les venga a retener un porcentaje o a exigirle un peso de ese plan social, porque está para salvaguardar a esa persona vulnerable. Es para ayudar a aquel que no tiene trabajo o no se puede alimentar”.
