La semana próxima se daría a conocer la imputación del intendente de Tilcara, Ricardo Romero, de por lo menos dos de sus funcionarios, y de quien firmó el convenio a partir del que se realizaron las maniobras fraudulentas en la organización del Enero Tilcareño 2018.
Así lo adelantó a LW8, Alejandra Urzagasti, abogada del concejal tilcareño, Pablo Mendoza, que en enero de este año presentó ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) una denuncia en contra del intendente.
“Se está examinando el expediente porque la denuncia que radicó el concejal Mendoza durante la feria judicial se va adjuntar a la denuncia que ya se encuentra en trámite en la fiscalía a cargo de Aldo Lozano”, indicó Urzagasti.
La abogada detalló que junto a Romero, quedarían imputados otras tres personas "que habrían tenido conocimiento de los hechos o habrían intervenido en la operatoria". Ellos son el tesorero Juan José Ortega, la concejal Yolanda Girón, que en el momento de la firma de los cheques voladores tenía a su cargo la Secretaría de Hacienda, y Adolfo Pedroza, que es quien firmó el convenio para la realización del Enero Tilcareño 2018.
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“Cabría la posibilidad de que se impute el delito de asociación ilícita”, afirmó Urzagasti, que explicó que el Código Penal prevé esta figura cuando dos personas o más se ponen de acuerdo para realizar actos delictivos.
La abogada detalló que al intendente se le podrían imputar también los delitos de extorsión, coimas y abuso de autoridad en cumplimiento de los deberes de funcionario público. “Es la imputación que nosotros desde nuestra parte consideramos que es la que correspondería”, señaló.
JUICIO POLÍTICO A RICARDO ROMERO
De quedar imputado Romero, se podría avanzar con el juicio político en su contra.
Una resolución del Superior Tribunal de Justicia del mes de diciembre sobre un amparo iniciado por el mismo Romero, establecía una medida de no innovar, es decir, que no se debía alterar el status quo de la Municipalidad de Tilcara para no afectar su desarrollo. Esta decisión impedía que se avance con el juicio político.
“Si hay una imputación desde el MPA, es lógico que también se pida el desafuero del funcionario, y allí sí estaríamos hablando de que se podría avanzar sobre esta cuestión”, explicó la abogada.
