JUJUY
por El fiscal de Estado de la Provincia, Miguel Rivas, anunció esta tarde que la Fiscalía se presentará como querellante en las causas abiertas a los 150 imputados como presuntos responsables de los destrozos producidos en la Legislatura de Jujuy y alrededores, como los ataques a la Policía en el acceso a Purmamarca.
En esa línea estimó que el costo de los daños producidos al Estado provincial supera los 1.000 millones de pesos y afirmó que "se va a embargar patrimonialmente a los delincuentes y se van a llevar los procesos judiciales hasta sus últimas consecuencias".
"Piensen nomás en los daños producidos en el feroz incendio a la Legislatura, el Concejo Deliberante de Humahuaca, en la destrucción de automotores y lesiones provocadas a los policías. También daños por sumas millonarias en el turismo y en la propia producción de la provincia de jujuy", detalló Rivas.
El funcionario puntualizó que los daños producidos en la "casa de piedra" son los más "complejos", y detalló que "hubo destrucción de archivos, de material electrónico, además de los daños materiales".
Rivas destacó además que desde Fiscalía de Estado se solicitó la inmediata detención "de los violentos, extorsionadores, delincuentes y sediciosos, no de un manifestante común" y estimó que podrían producirse "próximamente".
"Hay gente violenta que con métodos extorsivos y sediciosos, es decir que no quieren acatar la Constitución de la Provincia de Jujuy, están atropellando instituciones y autoridades públicas", afirmó.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Guillermo Corro indicó que, junto al trabajo de la Policía de la Provincia, "se están aportando las pruebas necesarias para la investigación de las causas que lleva adelante el Ministerio Público de la Acusación".
Indicó además que se están labrando las correspondientes actas contravencionales a partir de pruebas recabadas, como filmaciones, declaraciones testimoniales, entre otras.
A su vez, el procurador de la Provincia, Sebastián Albesa, resaltó que "es nuestro deber constitucional requerir la protección de los intereses de la provincia, y sobre todo el orden constitucional y democrático".
"Cortar rutas no es una modalidad de protesta", señaló y afirmó que "es un delito que se encuentra penado por el Código Penal, y pone en riesgo no sólo la salud de las personas, sino que perjudica el trabajo de la gente, sobre todo de la Quebrada y la Puna, en donde el turismo se ve altamente afectado".
Finalmente afirmó que "el Estado no va a tolerar la comisión de delitos contra el orden constitucional y sistema democrático".
