Colegio de Abogados: Una elección que excede al foro
La independencia judicial no se decreta. Se construye, ladrillo a ladrillo, en cada concurso público, en cada examen de antecedentes, en cada audiencia donde la sociedad puede ver de cerca a quienes aspiran a impartir justicia en su nombre. El Consejo de la Magistratura existe precisamente para que ese proceso no quede librado al azar ni a la discrecionalidad: para que los mejores lleguen, y para que lleguen por sus méritos.
Los abogados de la matrícula no son simples espectadores de ese proceso. Son, en rigor, los primeros actores. Son ellos quienes día a día litigan ante los tribunales, conocen de cerca las virtudes y las falencias del sistema, y pueden juzgar con autoridad moral y técnica si quien aspira a un cargo judicial está verdaderamente a la altura de la función. Su participación en los concursos, en las impugnaciones y en el debate público sobre la idoneidad de los candidatos no es un derecho menor: es una responsabilidad ciudadana de primer orden.
Una judicatura de excelencia no es un ideal abstracto. Es el resultado concreto de procesos serios, transparentes y con actores comprometidos.
En ese marco, el Colegio Público de Abogados cumple un rol que va mucho más allá de la habilitación profesional. Es la institución que agrupa, representa y da voz a quienes ejercen el derecho. Cuando el Colegio interviene en los procesos de selección judicial —presentando candidatos, controlando los concursos, denunciando irregularidades— no actúa por interés corporativo sino por convicción democrática: la de que el Poder Judicial debe ser ocupado por juristas capaces, honestos e independientes.
Por eso las elecciones en el Colegio de Abogados no son un asunto interno de la corporación jurídica. Son, en el sentido más pleno del término, un hecho político. Quiénes conduzcan esa institución en los próximos años definirá en buena medida el perfil que tendrá la magistratura jujeña: si se privilegiará la excelencia técnica y la independencia de criterio, o si primará la comodidad de los acuerdos tácitos con el poder de turno. En una provincia donde el equilibrio institucional está permanentemente en tensión, el resultado de esas elecciones importa —y mucho— más allá de los claustros forenses.
En ese contexto, resulta difícil no señalar la oportunidad histórica que tiene hoy el peronismo jujeño. Una fuerza política con arraigo popular profundo, pero que lleva demasiado tiempo atrapada en sus propias fracturas internas, tiene ante sí la posibilidad concreta de presentarse unida en este proceso electoral. Una lista de unidad no sería solo una demostración de madurez política: sería una señal inequívoca de que existe voluntad real de disputar los espacios institucionales donde se juega, en silencio y con consecuencias duraderas, el verdadero poder en Jujuy.
"Si el peronismo no logra superar sus cárceles internas en esta ocasión, habrá dejado pasar una oportunidad extraordinaria de comenzar a equilibrar la balanza del poder provincial."
La Argentina ha sabido, en distintos momentos de su historia, cuán caro se paga el descuido en la selección de sus jueces. Una magistratura que no convoca a los mejores termina siendo funcional a los peores. Por eso, fortalecer el Consejo de la Magistratura, garantizar concursos rigurosos y transparentes, y consolidar la participación activa del Colegio Público de Abogados en ese proceso no son cuestiones técnicas: son cuestiones de política democrática.
La justicia que los ciudadanos merecen comienza mucho antes de que un expediente llegue a un despacho. Comienza en el momento en que la sociedad decide, con seriedad y con firmeza, que a ese despacho solo llegará quien esté verdaderamente preparado para ocuparlo. Y comienza también cuando las fuerzas políticas entienden que la disputa institucional es tan decisiva como la electoral.