DELITOS
por En el marco de una investigación que la fiscalía presentó como sin precedentes, las juezas federales Mariela Giménez y Carina Gregoraschuk, de Salta y Jujuy, dieron por formalizadas las acusaciones a dos líderes de una organización narcocriminal que operaba en la región y era proveedora en otras provincias.
La investigación involucró a cinco fiscales, Federico Zurueta, de Jujuy; Ricardo Toranzos, Eduardo Villalba y Carlos Amad, de Salta, y Diego Iglesias, encargado de la Procuraduría de Narcocriminalidad. El Ministerio Público Fiscal federal informó que por distintos caminos, los fiscales llegaron hasta Abel Liquitay y su hermanastro David Liquitaya Choque, sindicados como los principales jefes del clan conocido como “Los Liquitay”, sobre quienes afirmaron que operan en Jujuy y Salta desde 1978 y ya llevan tres generaciones implicadas en actividades del narcotráfico en toda la región.
Ambos hermanos fueron detenidos el 10 de enero como resultado de una medida requerida por el fiscal Zurueta, que consistió en la realización de 31 allanamientos, en domicilios y locales comerciales ubicados en ambas provincias.
Cómo actuaba el clan
Los fiscales sostuvieron que esta organización, de la cual los dos acusados eran líderes, obtenía la droga a través de proveedores en la frontera, a la altura de la localidad de La Quiaca, y después, con la participación de otros eslabones de la organización, el clan coordinaba el traslado hasta la ciudad de San Salvador, en Jujuy.
La droga se reacondicionaba en otros vehículos para seguir viaje a otros destinos, como Salta, Tucumán, Córdoba, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Mendoza. Ese tráfico les dejaba grandes ganancias, indicó el Ministerio Público Fiscal federal, y con ese dinero adquirían bienes, por lo general vehículos.
Los procedimientos fueron requeridos ante la jueza Gregoraschuk, quien el viernes último hizo lugar a la acusación expuesta por el fiscal Zurueta y el auxiliar fiscal Jorge Viltes Monier, en representación de la PROCUNAR NOA.
En la misma audiencia de formalización de la acusación los fiscales imputaron a los detenidos el delito de lavado de activos provenientes del narcotráfico, agravado por la habitualidad y por ser cometido por un grupo organizado.
Entre la prueba del lavado de activos se destacó un extenso listado de vehículos que fueron adquiridos o administrados por estos hombres, ya sea de manera directa o por intermediarios, muchos de ellos familiares, dos de los cuales se encuentran prófugos y con pedidos de captura.
En la audiencia se puso de resalto el secuestro de 18 vehículos de alta gama que fueron encontrados en un galpón ubicado en la localidad jujeña de Palpalá, donde había un auto Honda Civic, otro marca SEAT, dos camionetas Toyota, otra VW Amarok, un automóvil SW4 y una Dodge Ram y tres cuatriciclos, entre otros rodados. También se secuestraron 4.718.000 de pesos argentinos, 13.603 dólares, 100 euros y 420 pesos bolivianos.
Entre los vehículos secuestrados se contaron además siete camiones. La fiscalía destacó que pese "al enorme volumen de dinero necesario para la adquisición de estos vehículos", ninguno de los acusados registraba trabajo formal, ingresos registrados en la AFIP y tampoco tenían declaraciones juradas actualizadas.
