El Gobierno Nacional suspendió gran cantidad de pensiones por discapacidad en Jujuy
El Defensor del Pueblo de la provincia, Pablo Lavilla, confirmó que ya se concretaron numerosas suspensiones de pensiones por discapacidad en Jujuy. Según explicó, no se trata de casos donde las personas no cumplan con los requisitos médicos, sino de beneficiarios que no asistieron a las audiencias convocadas por el gobierno nacional debido a fallas en las notificaciones, especialmente en zonas del interior.
“El problema no es que la gente no tenga discapacidad, sino que no fueron debidamente notificadas para presentarse a las auditorías médicas que exige el nuevo proceso”, explicó Lavilla, al señalar que esta situación afecta a muchas personas, sobre todo de la Quebrada y la Puna.
Desde hace más de dos meses, la Defensoría viene acompañando casos vinculados a la auditoría nacional impulsada por el gobierno para revisar las pensiones no contributivas. Si bien Lavilla reconoció que el control es necesario, sostuvo que “la medida se ejecutó con una enorme cantidad de improlijidades administrativas”.
En algunos casos, las notificaciones llegaron tarde, y en otros directamente nunca se entregaron. “Hay personas que se enteraron que les habían suspendido la pensión cuando fueron a hacer un trámite al ANSES o al recibir una carta documento sin previo aviso”, indicó.
La Defensoría ya contabiliza más de 30 casos de personas que fueron afectadas por esta situación y aclararon que en todos ellos los beneficiarios tenían una pensión legalmente otorgada. “No tuvimos ni un solo caso donde la persona no tenga la discapacidad. El motivo siempre fue el mismo: no pudieron asistir a la audiencia porque no sabían que existía”, afirmó Lavilla.
Ante este panorama, el organismo provincial puso a disposición sus oficinas para acompañar a los damnificados en el reclamo ante las autoridades nacionales. “Estamos entregando las proformas necesarias para que las personas puedan justificar su ausencia y pedir que se reactive el beneficio”, dijo el defensor.
Las personas afectadas pueden acercarse a Casa Central o a las delegaciones de la Defensoría en el interior de la provincia. Deben presentar historia clínica actualizada, informes médicos, DNI y constancia de CUIL. La intención es que quienes no fueron debidamente notificados puedan solicitar una nueva instancia de evaluación médica.
El funcionario también fue crítico con el diseño y la implementación del operativo nacional. “Es una medida injusta, arbitraria e incluso ilegal, porque se está dejando sin ingresos a personas que realmente lo necesitan y que no tuvieron oportunidad de defenderse”, expresó.
Además, consideró que la medida evidencia un profundo desconocimiento del contexto territorial. “Quien diseñó este operativo claramente no conoce la Argentina profunda, donde hay zonas muy difíciles de acceder, con serios problemas de conectividad y donde las cartas muchas veces no llegan”, concluyó.