POLÍTICA
por En un contexto marcado por el anuncio del Gobierno Nacional de enviar al Congreso un proyecto de ley para modificar la Ley de Migraciones y establecer aranceles en hospitales y universidades públicas para extranjeros no residentes, Jujuy se posiciona como una de las pocas provincias que ya cuenta con esta medida. La provincia ya implementa desde septiembre el cobro por servicios de salud a extranjeros, en virtud de la Ley 6.116, sancionada en 2019 pero reglamentada recientemente.
La Ley provincial N° 6.116 fue aprobada hace cuatro años con el objetivo de establecer un esquema de reciprocidad en la atención sanitaria, especialmente para pacientes provenientes de Bolivia, país vecino con el que históricamente existe un flujo importante de usuarios del sistema de salud. Sin embargo, la norma no fue aplicada de inmediato debido a un acuerdo de asistencia sanitaria recíproca firmado entre Argentina y Bolivia, que demoró su reglamentación hasta septiembre de este año.
El esquema implementado incluye el cobro por consultas, cirugías e internaciones para extranjeros no residentes, aunque mantiene la gratuidad para casos de emergencia. Según el gobernador Carlos Sadir, esta medida busca equilibrar la carga sobre el sistema de salud público y garantizar un acceso equitativo para todos los usuarios.
El anuncio del Gobierno Nacional
En línea con esta iniciativa provincial, el Gobierno Nacional dio a conocer hoy su intención de reformar la Ley de Migraciones, introduciendo el cobro de servicios tanto en hospitales públicos como en universidades nacionales para extranjeros no residentes. Este proyecto, que se espera sea debatido en el Congreso, se sustenta en la necesidad de optimizar los recursos públicos y fomentar la reciprocidad con otros países, un principio ya aplicado en sistemas similares a nivel internacional.
El debate, tanto a nivel provincial como nacional, genera opiniones encontradas. Por un lado, defensores de estas medidas argumentan que son necesarias para evitar la sobrecarga de los sistemas públicos en zonas de alta demanda, como las fronteras. Por otro lado, críticos advierten que estas políticas podrían vulnerar derechos fundamentales y aumentar las tensiones diplomáticas con países vecinos.
