RECLAMO
por La suspensión del recital de María Becerra en el norte argentino sigue generando consecuencias. La abogada Patricia Tabera, quien representa a un grupo de damnificados, confirmó que se iniciaron acciones legales contra la artista y contra una productora salteña , responsable de la organización del espectáculo que nunca se concretó.
“Estamos hablando de un show cancelado con más de 100.000 espectadores que habían comprado sus entradas. Solo un grupo muy reducido recibió algún tipo de devolución, y en la mayoría de los casos fue el monto histórico, sin actualización, lo cual no corresponde según lo establece el derecho del consumidor”, explicó Tabera en diálogo con la Mejor Mañana .
La demanda colectiva alcanza tanto a la productora como a la artista, quien se desligó del hecho mediante una publicación en redes sociales, sin brindar mayores explicaciones ni asumir responsabilidades.
“Muchas personas invirtieron montos significativos, desde entradas generales de 40 mil pesos hasta entradas VIP que superaban los 100 mil. A esto hay que sumar gastos de traslado, alojamiento y pérdidas laborales por quienes viajaron desde otras provincias”, detalló la letrada.
Tabera explicó que la estrategia legal está dividida en dos frentes: por un lado, las demandas colectivas para quienes solo buscan el reintegro del dinero abonado; por otro, demandas individuales para aquellos que además reclaman daños morales y perjuicios económicos.
“Hay personas que dejaron de trabajar, que reorganizaron su vida familiar para asistir al evento, y hoy no tienen ni el show ni el dinero. Eso configura un daño que también debe ser reparado”, indicó.
En cuanto al avance del proceso, Tabera confirmó que ya se presentaron medidas cautelares: “Embargamos bienes de la productora y también de la artista. Además, solicitamos información a las entidades financieras vinculadas a las plataformas de venta de entradas para identificar a los responsables del cobro”.
El caso se suma a otros antecedentes en el país donde artistas cancelaron espectáculos sin cumplir con los mecanismos de devolución. “Estamos hablando de una afectación masiva. La frustración de miles de personas no puede quedar impune. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias legales”, concluyó Tabera.
