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ANDIS

Más de 1.300 pensiones por discapacidad en riesgo en Jujuy por fallas en el operativo de auditoría

Pablo Lavilla, Defensor del Pueblo, aseguró que en la provincia se auditan unas 1.370 prestaciones y muchas podrían darse de baja por falta de notificación efectiva, especialmente en la Quebrada y la Puna.

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Somos Jujuy por Somos Jujuy | 06-05-2025 16:00

El Defensor del Pueblo de Jujuy, Pablo Lavilla, expresó una fuerte crítica al desarrollo del operativo de auditoría sobre pensiones no contributivas a personas con discapacidad, impulsado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en todo el país. En declaraciones a un medio local, Lavilla aseguró que la intervención de la Defensoría fue necesaria ante una "situación grave" en la provincia, en la que cientos de jujeños podrían perder su pensión por no haber sido notificados correctamente.

"El operativo se está manejando muy mal", afirmó y denunció que una de las principales irregularidades es la cantidad de personal  que es insuficiente y que las cartas documento no están llegando a destino, especialmente en localidades alejadas como las de la Quebrada y la Puna. "Se usa el Correo Andreani, pero ese correo ni siquiera llega a muchas zonas del interior jujeño", explicó.

Según los datos preliminares que maneja la Defensoría, alrededor de 1.370 pensiones están siendo auditadas en Jujuy, pero no hay certeza oficial sobre la cifra. "No tengo confirmación formal, pero ese número nos fue mencionado desde la agencia", agregó.

Lavilla remarcó que la falta de notificación efectiva podría derivar en bajas de pensiones sin que los beneficiarios tengan la posibilidad de defender su derecho, ya que "si no se presentan, se asume que no cumplen con los requisitos, y eso no es justo".

Además, reveló detalles preocupantes sobre el funcionamiento interno de la Agencia Nacional de Discapacidad en la provincia: "Dicen que trabajan solo tres personas y que incluso toman turnos por semana. No tienen oficina estable, y eso demuestra el nivel de improvisación con el que están manejando un tema tan sensible".

Otro problema señalado es que la información brindada a los beneficiarios es confusa y deficiente. "Las cartas documento no indican con claridad qué documentación llevar, ni si los estudios deben ser públicos o privados. Muchas veces ni siquiera funciona el sistema cuando la gente va a consultar", sostuvo Lavilla.

Frente a este escenario, la Defensoría se encuentra asistiendo y orientando a los afectados en su sede central y en sus delegaciones. "Estamos tratando de evitar que las personas lleguen sin papeles, sin respuestas. Esta desprolijidad pone en peligro derechos adquiridos de forma legal", concluyó el funcionario, quien también señaló que ya enviaron pedidos formales de información a ANDIS y al PAMI, aunque aún no obtuvieron una respuesta oficial.

 

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