Pulleiro sobre los dos casos de femicidios en Jujuy: "No teníamos señales previas que nos permitieran activar alertas"
El secretario de Seguridad de la Provincia, Juan Manuel Pulleiro, se pronunció sobre los recientes casos de femicidios ocurridos en Jujuy, que volvieron a instalar con fuerza el debate sobre la violencia de género y la necesidad urgente de medidas efectivas de prevención.
“La situación es alarmante. Estamos entre las provincias del norte que encabezan las estadísticas nacionales de femicidios y eso nos preocupa muchísimo, no solo como funcionarios, sino como personas: tengo madre, esposa, hija, y lo vivo con angustia”, expresó Pulleiro.
En lo que va del año, ya se registraron dos casos de femicidios en la provincia, y el funcionario aseguró que en los los últimos recientes (Pampa Blanca y Alto Comedero) no existían denuncias previas por parte de las víctimas, lo que complicó la posibilidad de actuar preventivamente. “En uno de los casos el agresor tenía un antecedente por violencia, pero con otra persona, no con la víctima. No teníamos señales previas que nos permitieran activar alertas”, señaló.
Pulleiro reconoció que, si bien las fuerzas de seguridad avanzaron en capacitaciones y protocolos vinculados a las Ley Micaela y Ley Iara, muchos de estos hechos responden a problemáticas estructurales y profundas. “Podemos duplicar el personal policial, pero si no hay un cambio cultural, seguiremos enfrentando esta violencia. Tenemos que recuperar valores: el respeto, el cuidado, el rol de la familia”, afirmó.
Actualmente, el sistema de seguridad provincial cuenta con más de 400 consignas activas por violencia de género y nueve centros de atención a víctimas distribuidos en las regionales, en los que se desempeñan mayoritariamente mujeres policías. “En estos centros trabajan alrededor de 20 efectivos por sede, con atención personalizada y contención a quienes denuncian”, explicó.
Respecto a la composición del personal policial, Pulleiro indicó que de cada 10 efectivos, 3 son mujeres, una proporción que se mantiene en función de las tareas operativas. “La mayoría de las personas privadas de su libertad son hombres —el 95%—, y necesitamos personal masculino en cantidad suficiente para las intervenciones directas. Aun así, tenemos una representación femenina importante y cada vez más capacitada”, agregó.
Por último, y ante la consulta sobre qué puede hacer el gobierno para incentivar el cambio cultural necesario, el secretario sostuvo: “La clave es la educación, desde la familia, en las escuelas y también en los organismos del Estado. Seguimos trabajando en concientización, en capacitación y en reforzar la perspectiva de género dentro de todas las áreas vinculadas a la seguridad y la justicia”.