Entre 2012 y 2022 se dictaron 376 sentencias condenatorias relacionadas al delito de trata de personas, período en el que se identificaron 1.545 víctimas, el 76,7% de las cuales eran mujeres, informó el Ministerio Público Fiscal (MPF).
El organismo publicó, a través de su portal de noticias, una serie de datos con motivo de conmemorarse este sábado el Día Mundial contra la Trata.
Sobre el total de sentencias, el informe oficial detalló que el 74,2% fueron por trata con fines de explotación sexual. Dentro de las 742 personas que fueron condenadas, un 63% eran hombres.
En relación a las denuncias recibidas a través de la Línea 145, el MPF recordó que los casos de explotación sexual encabezan las consultas.
El dato surge del informe del año pasado de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, que coadministra la línea junto al Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Victimas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El relevamiento indicó que fueron 1667 las denuncias recibidas entre enero y diciembre del año pasado.
Dentro de los subtipos de denuncias relativas a explotación sexual se indicó que 341 corresponden a existencia de prostíbulos o "whiskerias", mientras 250 son relativas a domicilios particulares y 99 a ofertas de servicios de sexuales.
El reporte detalló un cambio respecto a los casos de explotación sexual en domicilios particulares, que aumentaron en cantidad, en comparación a años anteriores.
En relación a la explotación laboral y los subtipos de casos vinculados, la lista es encabezada por delitos relativos a explotación rural.
Además, el informe puntualizó que en 99 de los 1667 casos se indicó la existencia de algún tipo de connivencia de funcionarios públicos.
La mayoría refiere a la existencia de posible connivencia policial y, en menor medida, judicial y política.
El MPF también informó que 170 personas recibieron aportes del fondo fiduciario público destinado a la asistencia directa a víctimas del delito, e integrado por fondos líquidos decomisados y el producido de la venta de bienes decomisados en causas por el delito, desde la sanción de la ley ley 27.508 que creó este fondo en 2019.
Fuente: Télam.
