por La apertura de concursos preventivos de acreedores se disparó un 130% durante el año pasado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Según un informe elaborado por la entidad Industriales Pymes Argentinos (IPA), la tendencia se acentuó en el inicio de 2026, lo que generó proyecciones que estiman que este año se superará el récord de empresas concursadas alcanzado durante la crisis sanitaria del coronavirus.
El salto en los procesos judiciales
De acuerdo con los datos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal difundidos por el portal Infobae, en 2025 se registraron 190 procesos concursales, frente a los 82 declarados en el año 2023. Esto representa un incremento del 131,71% en las presentaciones judiciales de las firmas afectadas.
La inercia de esta crisis empresarial empeoró en el arranque de 2026. Durante el primer trimestre judicial del corriente año, comprendido entre los meses de febrero y abril, se abrieron 92 concursos preventivos en la jurisdicción porteña, una cifra que expone la aceleración del fenómeno.
El documento técnico remarcó que este valor trimestral ya refleja más concursos que los registrados de forma individual en cada año completo entre 2021 y 2024. A modo de contraste, en el año 2020, considerado el pico de la pandemia, se ejecutaron 106 procedimientos de crisis en el mismo fuero.
Pérdida de empleo y cierre de fábricas
Desde la organización IPA alertaron sobre un escenario de riesgo para el sector manufacturero. Los registros de la entidad reflejan el cierre de 24.437 empresas entre noviembre de 2023 y los primeros meses de 2026, lo que generó un fuerte impacto laboral directo en el mercado.
A raíz de la extinción de estas unidades productivas, un total de 327.813 trabajadores perdieron la cobertura del sistema de riesgos del trabajo. Además, la contracción productiva generó un proceso de desinversión neta de capitales extranjeros en el sector que resulta histórico, interrumpiendo un período de 22 años sin saldos negativos de esta índole.
El informe detalló que el entramado de las pequeñas y medianas empresas registra una capacidad ociosa del 40,2%, dejando bienes de uso inactivos. Esta coyuntura forzó a firmas multinacionales a abandonar el país, mientras que establecimientos locales intentan modificar su matriz productiva para asegurar su subsistencia.
El pedido de una ley de emergencia
El presidente de IPA, Daniel Rosato, manifestó que la degradación económica local demuestra que el daño al entramado es peor de lo proyectado. "Estos son solo datos de Capital Federal, pero aún restan los del resto del país para medir la real magnitud de la crisis", expresó el directivo.
Ante este panorama, el referente empresarial solicitó una intervención urgente al Gobierno nacional y exigió al Congreso de la Nación el tratamiento y aprobación inmediata de un proyecto de ley de emergencia económica para el sector pyme.
La iniciativa legislativa busca constituir un remedio transitorio que frene la ejecución judicial de bienes y la quiebra definitiva de las compañías. El paso a seguir por el sector industrial será impulsar esta medida legal para intentar recuperar el capital de trabajo y contener la pérdida de puestos laborales.
