por La defensa de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como "Pequeño J" y señalado como uno de los principales acusados por el triple crimen de Florencio Varela, denunció ante la Justicia Federal que el detenido atraviesa un régimen de aislamiento que constituye una forma de "tortura psicológica" y violencia institucional.
La presentación fue realizada mediante un hábeas corpus por su abogado, Lucas Contreras Alderete, quien cuestionó las condiciones de detención que enfrenta actualmente en el penal de Marcos Paz. Según sostuvo, el acusado permanece alojado en una celda individual y sin contacto con otras personas, una situación que considera excesiva e incompatible con sus derechos.
En el escrito, la defensa solicitó que se revise de manera urgente el régimen de encierro. Además, pidió que se autoricen videollamadas con su madre y su hermana, quienes residen en Perú, al menos dos veces por semana. Como alternativa, también requirió un posible traslado a otro establecimiento penitenciario.
Paralelamente, el abogado apeló el procesamiento, la prisión preventiva y el embargo de mil millones de pesos dictados en la causa. En ese sentido, cuestionó la resolución judicial al considerar que no detalla con precisión cuál habría sido la participación concreta de Valverde Victoriano en los hechos investigados.
La defensa también puso en duda la validez de las pruebas incorporadas al expediente. Según argumentó, no existen elementos materiales suficientes que permitan ubicar al acusado en la escena del crimen ni demostrar su intervención en la planificación o ejecución de los asesinatos.
Por qué está imputado Pequeño J
Valverde Victoriano está imputado por homicidio agravado por premeditación, ensañamiento, alevosía y violencia de género en la causa que investiga los asesinatos de Lara Gutiérrez, de 15 años; Brenda del Castillo, de 20; y Morena Verdi, también de 20 años.
Tras conocerse el caso, el acusado abandonó el país y permaneció prófugo durante varios días. Finalmente fue detenido en la localidad peruana de Pucusana, al sur de Lima, luego de una búsqueda internacional coordinada por las autoridades.
Ahora será la Cámara Federal la que deberá analizar tanto la apelación presentada por la defensa como los planteos vinculados a las condiciones de detención del acusado
