El Ministerio de Energía de Juan José Aranguren recibirá esta tarde a funcionarios provinciales para empezar a discutir cambios en la tarifa social del gas de red, tal como se acordó la semana pasada entre el Ejecutivo y sus aliados de la coalición Cambiemos para matizar el impacto de los aumentos.
En diciembre último, el Ejecutivo dispuso cambios en la tarifa social de gas en todo el país. Los casi 2 millones de hogares beneficiarios recibían, hasta entonces, un subsidio plano, sin importar lo que consumiesen.
Para Aranguren, eso no fomentaba el ahorro, por lo que migró hacia un esquema parecido al de la tarifa social de electricidad: habrá un cupo de gas 100% subsidiado, luego otro cupo con un subsidio del 75% y el resto se pagará a precio "pleno", similar al de los usuarios sin beneficio social.
Esto provocó quejas en las provincias y fue parte de la discusión que el radicalismo y la Coalición Cívica le llevaron al Gobierno. Si bien los cupos de gas subsidiado varían en función de la zona geográfica y la época del año, se descuenta que, en invierno, las familias con tarifa social pagarán más, porque gastarán más gas del que tienen subsidiado.
La respuesta del Gobierno ante ese planteo fue la del esfuerzo compartido."Las restricciones aplicadas desde el 1° de diciembre de 2017 a la tarifa social del gas se suspenden por dos meses a partir del 1° de mayo en las provincias que acepten compartir los costos. Esta medida pretende dar lugar a una campaña sobre el uso racional del gas", se informó.
Los costos a compartir no serían muy elevados. Según el diario La Nación, serían unos 800 millones de pesos. Los dos meses (mayo y junio), tampoco impactarían de lleno en la época más fría del año. El Gobierno cree que, de esa manera, podría "concientizarse" a la población para que gaste menos.
Las provincias anticipan que, en muchos casos, no pueden hacer frente a ese "esfuerzo compartido" por las restricciones presupuestarias. Las del norte, por caso, hablan de "discriminación". Solo las provincias más ricas podrían garantizar mejores condiciones para sus poblaciones más vulnerables.
La discusión promete ser áspera porque el Gobierno pondrá también sobre la mesa la carga impositiva de las facturas de los servicios públicos y pedirá a los distritos que bajen Ingresos Brutos, aportes a fondos fiduciarios y tasas municipales.
Como los impuestos -IVA incluido- son porcentajes de los consumos, cuanto más cara sea la factura, más recaudará el Estado en sus tres niveles. Por ahora, el Ejecutivo nacional no quiere saber nada con reducir el IVA, que representa el 21% de los gastos en servicios públicos.
Fuente: TN
