Qué cambios propone la reforma de la Ley de Glaciares
El Gobierno nacional impulsa una modificación de la Ley de Glaciares (26.639) que se debate en el Senado y que propone flexibilizar la protección en zonas periglaciales, actualmente alcanzadas por prohibiciones automáticas para actividades mineras e hidrocarburíferas.
La iniciativa plantea eliminar esa restricción general y reemplazarla por un sistema de evaluaciones ambientales caso por caso, que podrían habilitar la intervención de empresas en áreas cercanas a glaciares y ambientes periglaciales.
Además, el proyecto contempla una reducción del alcance del Inventario Nacional de Glaciares, limitándolo únicamente a sectores considerados estratégicos como reserva de agua, lo que dejaría otras zonas sin protección legal específica.
Desde el Poder Ejecutivo sostienen que la reforma permitiría avanzar en un desarrollo minero que, según afirman, hoy está restringido por la normativa vigente.
El oficialismo entiende que la actual ley impone limitaciones amplias que impiden explotar recursos en áreas donde, bajo nuevos criterios técnicos y evaluaciones ambientales, podrían autorizarse proyectos extractivos.
La propuesta generó cuestionamientos de organizaciones ambientalistas como Greenpeace, que manifestaron su preocupación por el posible uso de sustancias químicas en zonas sensibles y por el riesgo de contaminación de fuentes de agua.
Según advierten, una eventual aprobación podría implicar una afectación irreversible de glaciares y ambientes periglaciales, comprometiendo la principal fuente de agua dulce en distintas regiones del país.
También alertan que la modificación podría impactar en la regulación de cuencas hídricas y en los servicios ecosistémicos asociados al ciclo del agua, con consecuencias a largo plazo.
Qué está en juego en el Senado
El debate legislativo se centra en el equilibrio entre protección ambiental y desarrollo productivo, en un contexto donde la minería es considerada estratégica para la generación de divisas.
La discusión en el Senado definirá si se mantiene el esquema de prohibiciones automáticas vigente o si se avanza hacia un modelo basado en evaluaciones específicas para cada proyecto.