Una vez más, los que fueron elegidos para servir al pueblo son acusados de traicionar la confianza de la gente y buscar el propio beneficio, sobre el bien común. Una vez más la avaricia se conjuga con el poder, oprimiendo a los más desprotegidos.
En el año 2012 la actual diputada firmó un convenio de colaboración con la Provincia por el cual, en el marco del programa provincial “un lote para cada familia jujeña que lo necesita”, realizaría la venta de terrenos (propiedad de su esposo) a particulares, en un momento crítico por la emergencia habitacional en Jujuy. Pero lo que en apariencia era una generosa posibilidad de darles un techo a familias de Fraile Pintado en situación de vulnerabilidad, se convirtió en un mezquino negocio económico y el medio para saciar sus apetencias políticas y personales. La mujer que fue concejal de Fraile, candidata a intendente de esa ciudad y legisladora provincial desde 2015, obligaba a la gente de escasos recursos a realizar pagos mensuales, sin respetar el convenio de cobrar solo el 50% del precio establecido. Nunca entregó recibos legales ni el título de propiedad de los bienes adquiridos.
Edith, Mariana, Delia, Gabriela, Carla, Omar, María, Nancy, Melisa y Cristian, son diez de los vecinos que compraron lotes en lo que hoy es el barrio “Presentación Mora” y que a pesar del temor de perder sus terreno o de ser castigados, se animaron a denunciar a Débora Juárez de exigirles trabajar para ella (entre julio de 2012 y diciembre de 2017), en campañas electorales o realizar tareas particulares sin remuneración, bajo la amenaza de quitarles las tierras si no lo hacían, tal como reza en la causa n° P-2005117/18 a cargo del Dr. Ernesto Liam Resúa.
Omar, una de las personas que le compro un lote, relató a Jujuy Investiga que luego de firmar el contrato de compra venta debió hacer de “chofer personal” de Juárez en época de campaña electoral. Cuándo él se negó a seguir “colaborando” en época pre electoral, ella se negó a cobrarle las cuotas para dejar sin efecto el convenio y castigar su insolencia.
Gabriela dijo que luego de firmar el boleto de compra venta, era convocada para hacer la limpieza en el hotel de “La soñada” o dar de comer a los trabajadores que instalaban servicios en la zona; pero cuando denunció los abusos de parte de la esposa de Bracamonte, sufrió actitudes amenazantes y persecución.
Nancy, mujer de confianza de la legisladora y encargada de una de las sedes partidarias, relató la furia con que reaccionó la diputada con los vecinos del B° Presentación Mora, cuando ellos solicitaron al intendente que ejecute las obras de cordón cuneta y ordene el recorrido del recolector de residuos en esa zona.
Finalmente Cristian, funcionario del Deliberante de Fraile (a quien le retenía el 50% de su sueldo), explicó que luego de mantener una charla con el rival político de Juárez en la calle, ella lo hizo echar de su trabajo.
Además de todo lo que ellos debieron vivir para poder tener su casa, los denunciantes dijeron que hasta ahora ninguno recibió el título de propiedad, con el agravante que según el informe del Registro Inmobiliario, las tres hectáreas involucradas en el convenio aún se encuentran a nombre del esposo de Débora Juárez.
El pasado 2 de junio el fiscal de investigación pidió a la Jueza de Control Dra. Liliana Pellegrino, que la causa sea elevada a juicio. Antes de que llegue el momento de subir al banquillo de los acusados, la Legislatura de la Provincia deberá decidir el desafuero de la diputada provincial, para allanar el accionar de la justicia.
Fraile Pintado y los votantes de toda la provincia que confiaron en Débora Juárez de Bracamonte, esperan por justicia.
Hasta la próxima.
