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Toma de tierras: la radiografía de un delito

6 meses a 3 años de prisión, multas entre $40.000 y $340.000 y la inhabilitación de por vida para acceder a terrenos fiscales o viviendas del estado, son algunas de las consecuencias para quienes realizan o instigan a la ocupación ilegal de tierras en Jujuy. Muchas veces, la escasa presencia de beneficiarios en los lotes adjudicados por el gobierno, también han generado el surgimiento de los oportunistas inescrupulosos que organizan la usurpación de esos terrenos, que luego, a vista de todos ofertan en redes sociales.

En lo que va de 2020, hubo más de 25 intentos de toma de tierras en la provincia. El más importante de ellos, por la cantidad de personas involucradas, la superficie comprometida y el comportamiento hostil de los usurpadores, fue en las “150 hectáreas” en Alto Comedero el 7 de setiembre. Ahí desoyeron la solicitud del abandono del predio y desconocieron las advertencias de la justicia contravencional, hubo pedrea, intervención de la fiscalía, secuestro de elementos contundentes, 4 efectivos lesionados y 30 detenidos e imputados por la fiscalía del dr. Aldo Lozano. Solo una quinta parte de los involucrados iniciaron el trámite para gestionar la tierra propia.

En diciembre de 2019, la provincia entregó 250 lotes fiscales y cinco meses después ya se había detectado gente que intentaba usurpar los alrededores. Muchos de estos avances fueron denunciados por los vecinos de zonas aledañas, que ya no toleran ni justifican la presencia de intrusos ni la formación de asentamientos.
Cuando la policía de la provincia detecta (o es alertada) sobre la formación de un asentamiento, informa a la justicia ordinaria (por el delito) y a la justicia contravencional (por la violación de la cuarentena que también es informada a la justicia federal). Se inicia el diálogo para que se deponga la actitud, caso contrario se solicita la intervención del fiscal (y del juez de control, si fuera necesario), y se activa un procedimiento que tendrá tantas intervenciones como delitos haya, por ej: la Fiscalía de Delitos contra la Administración pública (si hubiere agresión a efectivos de la policía u otros funcionarios), Delitos Complejos (para la inteligencia, investigación e identificación de los instigadores y los medios usados para la convocatoria) y el Juzgado de Menores (cuando hay pequeños con las personas involucradas en el delito).

Humberto García, funcionario provincial a cargo de Ordenamiento Territorial confirmó que detectaron el accionar de organizaciones sociales, dirigentes políticos y otros que siguen procedimientos de “manual”, con patrones similares. Así, los parásitos del “negocio inmobiliario” y con otros intereses tan viles como el anterior, usan y viven de la necesidad de la gente.

Hasta el momento hay 31 imputados (entre ellos, un abogado del fuero local), 30 vinculados con el avance en las 150 hectáreas y 1 con otro episodio en Alto Comedero. A partir del próximo martes, se deberán presentar ante la justicia para tomar conocimiento de la causa, designar abogado defensor y afrontar la responsabilidad que les cabe por el delito que cometieron.

Hasta la próxima.

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