Nuestro faro del día de hoy es contestar la pregunta que nos venimos haciendo hace un tiempo: ¿constituye la inflación en sí misma una violación a los derechos humanos? Lo cierto es que nuestra reacción, casi visceral ante esto, fue un rotundo sí. Pero para no espantarlos vamos a desmenuzar la idea.
Durante años, en Argentina se viene planteando el problema de la inflación como un problema estructural, económico y social con una característica endémica, ya que no podemos erradicarla, que se llevó puestos a varios gobiernos. Creemos que hay consenso en afirmar que ella es una suerte de monstruo que devora nuestro anhelo popular de progreso individual y colectivo.
Esta problemática, tiene una repercusión directa en lo social y afecta derechos humanos. En particular, los derechos económicos sociales y culturales (conocidos como DESC) y entre ellos el derecho a un nivel de vida adecuado, a la alimentación, a la vivienda digna, al agua y saneamiento, a la educación, a la salud, al trabajo, a la seguridad social, a la protección familiar y varios más. La finalidad de estos derechos es fomentar la igualdad real entre las personas (la que se ve en la vida cotidiana más allá de que esté escrita en una ley) y busca promover la actividad de los estados hacia ese fin.
Nuestra Constitución Nacional consagra varios de estos derechos y también lo hacen diversos tratados de DD.HH. que los contemplan con mayor o menor desarrollo, principalmente: en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Este Pacto, impone a los estados signatarios un principio de progresividad, su artículo II dice: “Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”.
En simples palabras, los estados se comprometen y punto, tienen una obligación de garantizar un derecho y no hay medias tintas en esa obligación. Ante este tipo de derechos, los estados tienen obligaciones que consisten principalmente en adoptar medidas para que progresivamente estos derechos se vayan realizando para el mayor número de personas posible.
En los últimos tiempos y ante el interrogante si se podían reclamar estos derechos, la justicia ya condeno a nuestro país por la falta de garantía a ellos. Esto se debe claramente, que ya son muchos años en los que nuestro país se encuentra perdido en un callejón sin salida, generando más inflación y por lo tanto más pobres.
Volviendo a la idea central ¿la inflación tiene impacto directo en el fracaso de las políticas públicas que “intentan” garantizarlos? Y si la tiene, ¿constituye esto en sí mismo una violación a los derechos humanos? (nuestra pregunta inicial).
Como dijimos al principio, nos sale decir sí. Pero ese sí tiene varios detalles que son necesarios de explicar. Como regla general la inflación por si misma no implica una violación a los derechos humanos, ningún país en el mundo tiene 0% de inflación, por lo que decir que sí -sin más aclaraciones- sería una irresponsabilidad de de nuestra parte. También es cierto que todos los países conviven con ella y aún progresan, . ¿Por qué Argentina no?
Bueno, si vemos los datos del Fondo Monetario Internacional respecto de la inflación de los países del mundo y armamos un ranking mundial, Argentina ocupó el 4º puesto de inflación anual en 2019 y el 6º en 2020. Los países con índices superiores al nuestro son países que están en guerra y/o crisis institucional constante o situaciones análogas, estos son: Siria, Venezuela, Zimbabue, Sudán y el Líbano.
Se espera que en 2021 solo 22 países del mundo tengan índices de inflación que superen los dos dígitos (11% de los países). Nuestro país, fiel a la tradición, va a estar presente en ese 11% ya que en lo que va del 2021 la inflación de los primeros 8 meses acumula un 32% según el INDEC. Dato final en este párrafo es que más del 40% de la población quedó debajo de la línea de pobreza alcanzado a casi 18.000.000 de personas.
Estas cifras realmente asustan y nos generan una tristeza enorme. También como se dijo anteriormente a la Argentina se la viene calificando y comparando con países como la talla de Venezuela, situación que genera un temor en toda la población.
Con estos números, el panorama de derechos no es alentador. La inflación en sí aniquila las posibilidades de millones de argentinos para ver efectivos sus derechos. Pero ¿es ella la que viola los derechos? La inflación en Argentina hoy se encuentra vinculada directamente con la falta de independencia real del Banco Central de la República Argentina que emite billetes a discrecionalidad y necesidad del Gobierno. Esta “darle a la maquinita”, como solemos escuchar, tiene efecto directo en el aumento de precios de alimentos, servicios esenciales, en el ahorro individual y repercute de esa manera en las posibilidades de ciudadanas de autosustentarse derechos básicos. A ello, debemos sumarle el aumento en el gasto público y la falta de seguridad jurídica, lo que dificulta la inversión extranjera en el país.
Todas estas acciones y omisiones, son responsabilidad de más de un Gobierno, por lo que resulta injusto echarle la culpa únicamente al gobierno de turno, ya que la inflación como se dijo se encuentra enquistada hace tiempo en la Argentina.
Por todo ello, concluimos manifestando que la ausencia de políticas económicas serias y a largo plazo, sumado a las malas administraciones, nos han llevado a tener la inflación que hoy tenemos.
Por ende, a una clara afectación a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que la Argentina se obligó a proteger.
