Esta semana estuvo atravesada en todo el país, por la discusión por la emergencia alimentaria.
Las organizaciones sociales nacionales, que desde hace tiempo reclamaban que se tratara este proyecto que ya tiene varios años, esta vez profundizaron la protesta y aunque se reunieron con la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley, no lograron llegar a un acuerdo.
Los manifestantes acamparon frente al Congreso por varios días, y lograron vencer la resistencia del oficialismo del gobierno de Mauricio Macri para dar el visto bueno y que la iniciativa tuviera media sanción en la Cámara de Diputados.
El proyecto contó con el voto afirmativo de todos los legisladores presentes, y un sólo voto negativo. Cabe destacar, que los seis diputados nacionales por Jujuy votaron a favor del proyecto que rápidamente pasó a Senadores. Se prevé que esta semana se trate el proyecto en la Cámara Alta para convertirlo finalmente en ley.
De esta forma, el gobierno nacional se compromete a aumentar en un 50 % las partidas destinadas a quienes cobran planes sociales hasta el 2020, oportunidad en la que la persona que ocupe el cargo de Jefe de Gabinete, puede revisar trimestralmente si es necesario aumentar los fondos para que todas las familia puedan llevar un plato de comida a su mesa.
A nivel provincial los reclamos no se hicieron esperar y llegaron a la Legislatura, en donde varios diputados opositores ya presentaron proyectos para declarar la emergencia alimentaria.
Sin embargo, desde el oficialismo aseguraron que no hay necesidad de tratar este proyecto, ya que desde el 2018 rige el plan “Jujuy Asiste y Reactiva”, que atiende las necesidades nutricionales de todos los jujeños en situación de vulnerabilidad.
Se dice que a través de este plan se asiste a más de 26.000 ciudadanos que asisten a 210 comedores con refuerzos de proyecto alimentario. Se informó además, que 31 comedores recibieron nuevos equipamientos, y que 400 copas de leche reciben desde el gobierno la asistencia necesaria para alimentación. También, se explicó desde el gobierno provincial que se destinan anualmente 45.000 millones de pesos para atender estas necesidades.
Veremos si estas explicaciones conforman a las organizaciones sociales jujeñas, que fueron a buscar al obispo de Jujuy para que organizara una mesa de diálogo con el objetivo de seguir tratando esta problemática que vemos todos los días en las calles.
