INVESTIGACIÓN
por El abogado querellante de la familia de Ivo Rodrigo Torres, el joven de 20 años asesinado el pasado 6 de febrero en La Quiaca durante un operativo de Gendarmería, denunció que tres de los cuatro efectivos imputados volvieron a prestar funciones activas dentro de la fuerza y serán trasladados a la provincia de Misiones.
Carlos Espada, representante legal de la familia Torres, sostuvo que la medida es “sumamente preocupante” porque los acusados están involucrados en un homicidio agravado cometido en el ejercicio de sus funciones.
“Nos llama poderosamente la atención que personas imputadas por un asesinato, con pruebas contundentes en su contra, estén nuevamente trabajando como gendarmes como si nada hubiese pasado. Es peligroso y carece de sentido común”, señaló Espada.
El avance de la causa
El hecho ocurrió el 6 de febrero cuando Ivo Torres, quien circulaba en motocicleta, fue perseguido por un móvil de Gendarmería en circunstancias aún no esclarecidas. Durante el operativo, recibió un disparo que le causó la muerte.
De los cuatro gendarmes imputados, uno de ellos, identificado como Álvarez, es señalado como autor del disparo y continúa detenido con prisión preventiva.
Los otros tres están imputados como partícipes necesarios del homicidio, ya que sin su intervención el crimen “no se hubiese podido cometer”, según explicó Espada.
El abogado recordó que pericias ya confirmaron que el joven murió por un disparo efectuado con armas reglamentarias de Gendarmería.
Durante una audiencia judicial realizada este martes, la querella fue notificada de que los tres imputados fueron reincorporados a sus funciones activas y que incluso serán trasladados a Misiones por decisión administrativa de la fuerza.
“Desconocemos las razones de esta disposición de Gendarmería. Estos efectivos pasaron de estar en situación de disponibilidad a operar nuevamente en la fuerza, pese a su situación procesal. Es grave desde lo jurídico y desde lo humano”, expresó Espada.
El abogado adelantó que evaluarán presentar recursos legales y afirmó que "nos vamos a reunir con la familia y seguramente avanzaremos con presentaciones porque esto no puede quedar así. El viernes tenemos audiencia con el fiscal y vamos a plantear formalmente esta preocupación.”
Mientras tanto, lamentó que no existan mecanismos internos que impidan que efectivos investigados por delitos graves sigan en funciones. “Esto no es una discusión jurídica, es una cuestión de sentido común. Nadie acusado de matar en cumplimiento de su función debería seguir portando un arma y uniforme.”
