El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta condenó a siete integrantes de una organización narcocriminal vinculada a la Gendarmería Nacional por su participación en dos maniobras de transporte de cocaína que involucraron un total de 334 kilos de droga.
La investigación, impulsada por el fiscal federal Ricardo Toranzos, permitió desarticular una estructura integrada por gendarmes en actividad, exonerados y colaboradores civiles, que operaba en distintos puntos de la provincia.
Las penas más altas recayeron sobre Richar Ariel Delgado, exgendarme, y Gabriel Osvaldo Ruiz Apaza, productor rural de Orán, quienes recibieron 15 años de prisión como coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado por la participación organizada de tres o más personas en dos hechos. En la misma causa, Jonathan Leonel Ostapowicz fue condenado a 14 años de cárcel.
Por otro lado, Adrián Emilio Escarlata, también exonerado de la fuerza federal, recibió una pena de 12 años de prisión por su intervención en uno de los cargamentos investigados.
Entre los condenados se encuentra además Diego Hernán Delgado, cabo primero de Gendarmería Nacional al momento de los hechos, quien recibió nueve años de prisión por transporte de estupefacientes agravado tanto por la participación de una organización como por su condición de funcionario público.
En tanto, Federico Rubén Batista, integrante activo de la fuerza, y Francisco Agustín Flores, aspirante a incorporarse a Gendarmería, fueron condenados a tres años de prisión de ejecución condicional como partícipes secundarios.
Además de las condenas, el tribunal ordenó el decomiso de una vivienda ubicada en la ciudad de Orán y de tres camionetas utilizadas para las maniobras ilícitas: dos Volkswagen Amarok y una Toyota Hilux.
La causa tuvo origen en un procedimiento de flagrancia y posteriormente permitió reconstruir una compleja red logística vinculada al narcotráfico. Los hechos juzgados ocurrieron en mayo de 2024 en General Pizarro y en octubre del mismo año en Rosario de la Frontera.
Al fundamentar la sentencia, la presidenta del tribunal, Gabriela Catalano, remarcó la magnitud de la organización y el impacto social que podría haber generado la droga secuestrada. Según los peritajes realizados, la cocaína incautada tenía una pureza promedio del 84% y permitía producir más de 2,7 millones de dosis.
“Si esa droga hubiera llegado a destino podría haber afectado a más de dos millones de personas”, señaló la magistrada, quien también advirtió sobre las consecuencias que el narcotráfico genera en la salud pública y en el entramado social.
