ESCÁNDALO
por Tras una investigación llevada adelante por la Fiscalía Federal N°12 a cargo de la Dra. Alejandra Magano, se realizaron siete allanamientos en locales y domicilios particulares en la Ciudad de Buenos Aires, donde funcionaban dos locales en los que por las noches se realizaban fiestas clandestinas del tipo “karaoke” y donde se ejercía la prostitución. Los efectivos lograron rescatar a veintinueve mujeres de nacionalidades brasileña, venezolana y argentina, que eran explotadas sexualmente, entre ellas había una menor de edad.
La investigación comenzó a mediados del año 2023, cuando desde la justicia se solicitó la intervención del Departamento Trata de Personas de la Policía Federal, a fin de determinar la existencia de “karaokes” de origen coreano, su vinculación con un ciudadano residente en la Ciudad de Buenos Aires, y la actividad de explotación sexual de mujeres de diferentes nacionalidades y el lavado de activos.
El dueño de un comercio donde se vendían bebidas alcohólicas en el Bajo Flores y de dos “karaokes”, resultó ser el cabecilla de la organización. Su sobrino era el encargado de llevar mujeres de distintas nacionalidades, las que prestaban servicios de “acompañantes coperas”, para luego retirarse a lugares íntimos, donde ejercían la prostitución. En medio de las pesquisas apareció una menor de 17 años, subordinada a una encargada, lo que generó la toma de medidas urgentes.
Los federales organizaron un importante despliegue de efectivos, los que incluyeron brigadas especializadas en la temática de trata de personas, grupos de contención, personal del Departamento Técnico del Cibercrimen y de la División Video y Comunicaciones Aeronáuticas, quienes con dos aeronaves no tripuladas aportaron visión desde la altura y durante el desarrollo de los procedimientos, estuvieron presentes personal de la Fiscalía de la Dra. Mangano y del juzgado Interventor.
De las entrevistas realizadas con las 21 potenciales víctimas, se comprobó que había indicios del delito de explotación sexual, falta total de higiene y seguridad, y otras irregularidades comprobadas que motivaron la clausura de todos los comercios.
El juez ordenó la detención e incomunicación de los responsables de cada inmueble y dispuso el traslado al Departamento Trata de Personas de la Policía Federal Argentina para realizar las diligencias judiciales de estilo.
