Por mayoría, la Comisión de Transportes, presidida por el diputado jujeño Jorge Rizzotti (UCR), dictaminó las modificaciones previstas para las leyes 27.591 y 24.449, con el objetivo de declarar la emergencia económica del transporte público de pasajeros por automotor, urbano y suburbano del interior, incluyendo aquellos de carácter urbano e interurbano de carácter nacional e internacional.
Previo a dar lectura al dictamen, la vicepresidenta de la Comisión, diputada Jimena López (FdT), destacó que el proyecto es fruto “de un trabajo de consensos, de buscar la mejor negociación posible en medio de las urgencias de los transportes de pasajeros en el interior”.
El dictamen prevé el aumento, dentro del presupuesto nacional vigente, del fondo compensatorio al transporte público del interior por la suma de 59 mil 500 millones de pesos.
Con relación a sus alcances, el también diputado por el Frente de Todos, Eduardo Toniolli, sugirió “no ver al fondo como un techo, sino como un gran acuerdo de partida, porque diputados opositores y oficialistas llegamos a esta resolución en consulta permanente con el Poder Ejecutivo Nacional”.
Las jurisdicciones municipales y provinciales que adhieran al fondo compensatorio -distribuido a criterio del Ministerio de Transporte- deberán implementar, junto con las empresas de transporte, el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE). Municipalidades y gobiernos provinciales tendrán la posibilidad de rendir cuentas hasta el último día hábil de cada mes; en tanto, el gobierno nacional, dispondrá de 10 días hábiles una vez recibida la rendición para efectuar el pago subsidiario correspondiente.
Por su parte, el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) advirtió que “la declaración de la emergencia puede habilitar la realización de contratos administrativos por emergencia, y eso conlleva a cuestiones de licitación, prórroga de concesiones, y debemos ser cuidadosos”.
De acuerdo a lo dictaminado, la emergencia económica para transporte público de pasajeros caducaría el 31 de diciembre de 2022. En ese lapso, también por acuerdo mayoritario, se respetarán los criterios de distribución subsidiaria vigentes a cargo del Ministerio de Transporte.
En tanto, por unanimidad, la Comisión convocó a discutir -luego de superada la emergencia- una ley integral para el reparto equitativo de los fondos al transporte de pasajeros en el país.
A modo de cierre, el diputado Rizzotti propuso a los integrantes de la Comisión establecer un cronograma de reuniones y fijar un plazo menor a 60 días, “para que tanto la HCDN en conjunto con representantes del Poder Ejecutivo Nacional, avancemos en el tratamiento de los proyectos referidos a la redistribución general del subsidio al transporte de pasajeros en la Argentina”.
