El FMI presiona a Fernández para reducir el déficit fiscal y se aleja la posibilidad de un acuerdo
La velocidad para alcanzar el equilibrio fiscal de Argentina es un obstáculo entre Alberto Fernández y Kristalina Georgieva para cerrar el acuerdo que refinancie la deuda de casi 44.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El sábado 30 de octubre, Alberto Fernández, Martín Guzmán y Gustavo Beliz se encontraron en Roma con la directora gerente Georgieva, Geoffrey Okamoto -número dos en el FMI- y Julie Kozack para revisar la negociación y llegar a un punto de contacto que satisfaga los intereses de ambas partes.
La reunión fue cordial y amena, pero no se avanzó un milímetro. El Presidente descarta un rápido descenso del déficit y el cónclave en la embajada argentina terminó con un saludo formal y la voluntad política de continuar la negociación hasta formalizar un acuerdo.
Avalado por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, el ministro de Economía considera que es innegociable renunciar a un aumento del gasto público durante la crisis post pandemia. Ello no implica -desde la perspectiva de Guzmán- un incremento del déficit. El jefe del Palacio de Hacienda intenta consolidar un crecimiento económico constante para que la suba del gasto no derive en un mayor déficit en las cuentas públicas.
La estrategia de Guzmán es resistida por el Fondo, por eso aún no hay acuerdo y todo se demora. El ministro es respetado por Georgieva, Okamoto y Kozack, pero no comparten su optimismo y el programa que plantea para lograr la refinanciación de los 44.000 millones de dólares que obtuvo Mauricio Macri por decisión política de Donald Trump.
Tras la reunión con Georgieva en la sede diplomática, Alberto Fernández comprendió en esa tarde romana que la geopolítica es una materia inasible para un jefe de Estado que administra un país periférico. La resistencia de Georgieva al programa argentino replicó en las negociaciones secretas que debatían la redacción del comunicado final del G20.
El Presidente estaba confiado en lograr que ese comunicado sugiriera que el Fondo debía revisar su posición respecto a la vigencia de los sobrecargos, una multa costosa que se impone a los deudores que accedieron a créditos por encima de su cuota.
La posición oficial propone un nueva arquitectura financiera global y a su vez apunta a lograr que la Argentina no pague 1.000 millones de dólares de sobrecargo por año. Esa multa costosa refleja la decisión política de Macri de aceptar un Stand-By por 57.000 millones de dólares que excedía en un 189 por ciento su cuota como estado miembro del FMI.
La confianza del Presidente respecto a los sobrecargos quedó suspendida en el aire cuando le informaron que no había consenso para incorporar la sugerencia de la Argentina al comunicado final.
Ese inesperado retroceso diplomático estaba vinculado al programa económico que había presentado Guzmán al staff del FMI para obtener la refinanciación de los 44.000 millones de dólares concedidos a Macri. Por instrucción directa de Alberto Fernández, el ministro de Economía no aceptaba los planteos del Fondo respecto al déficit fiscal. Y esa resistencia tenía su eco geopolítico en la redacción del comunicado del G20.
Alemania, Canadá y Australia fueron el fronting de Estados Unidos y Japón, que se oponían a revisar los sobrecargos. No era un asunto ideológico, era una postura basada en la realpolitik global: si se concedía la petición de Alberto Fernández en Roma, el sistema financiero podía leer que estaba muy cerca de un acuerdo con el FMI.
Fuente: Infobae.