POR CLAUDIA FIGUEROA
En los últimos días, tomó fuerzas la versión que el intendente de Tilcara Ricardo Romero sería sobreseído por la fiscalía penal a cargo de Diego Funes en las causas que hasta el año pasado estuvieron a cargo de Aldo Lozano. Nadie se explica por qué el hombre que tiene múltiples denuncias por el “escandaloso enero tilcareño de 2018”, los “cheques voladores” y “la vaca lechera” del hotel de Turismo, nunca fue imputado por el entonces ni por el actual fiscal, aun cuando las pruebas fueron facilitadas por Romero. Por estas horas ya habría un pedido de juicio político al fiscal Funes (no ante el ya cuestionado Jefe de los Fiscales, Sergio Lelo Sánchez); sino ante el Superior Tribunal de Justicia. ¿Habrá algún guiño de un despacho de calle San Martín (allegado al poder), que garantice la impunidad de Romero?
A fines de 2017, el intendente Ricardo Romero cedió a Adolfo Pedroza la organización y explotación del Enero Tilcareño 2018/2019. Lo hizo con un convenio sin certificación de firmas y sin conocimiento del Deliberante. Luego emitió 46 cheques diferidos del municipio por casi 35 millones de pesos en concepto de garantía (¿?), que llevaban su firma y la del tesorero Juan Ortega. Los cheques no tenían fondo. ¿A quién le debía el municipio de Tilcara que entregó cheques en “garantía”?.
En los primeros meses de 2018, el mismo Romero admitió haber firmado los cheques, cuando se presentó ante la fiscalía de Lozano para denunciar a Pedroza por “estafa”. Estas pruebas, luego serían vitales para las sucesivas denuncias que se harían, pero en contra de Ricardo Romero.
En septiembre de 2018 (con el patrocinio de la abogada Alejandra Urzagasti), el concejal Pablo Mendoza denunció al Intendente por “la emisión de los cheques sin fondos” y en octubre del mismo año hizo lo propio el concejal Darío Quispe. La edil Sonia Pérez, también denunció a Romero, esta vez por “Asociación ilícita, fraude a la administración pública provincial, abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario Público”, éste último trámite ratificado a fines de 2019.
Además de las pruebas aportadas por los denunciantes, la fiscalía liberó desde 2018 numerosos oficios, pero jamás realizó imputación alguna, aun cuando “en derecho proceso penal, la imputación es el señalamiento provisional y precario que indica que una persona es sospechosa de haber cometido un delito, sin necesidad de que existan pruebas”.
Por otro lado, el Tribunal de Cuentas de la Provincia también intimó a Ricardo Romero a rendir cuentas por: más de 1 millón y medio de pesos por 21 días de gestión en 2015; por más de 400 mil pesos del ejercicio 2016 y casi 60 millones de pesos por el año 2017. Pero eso no es todo, el Deliberante de Tilcara aún espera que el Ejecutivo de conocer el destino de los fondos que el Gobierno giró a Romero desde el inicio de su gestión (2015).
Como si todo esto fuera poco, mientras la Justicia Penal quedó empantanada, la casi decena de juicios ejecutivos iniciados en el fuero civil por parte de los damnificados de los “cheques voladores” (Javier Sánchez, “Mamo” Ramos, Jorge Martínez y otras víctimas), avanzaron de manera normal. Tal es así que los embargos ya comenzaron a llegar al municipio de Tilcara.
Un dato no menos importante: en este último ámbito, Romero negó haber firmado los cheques (lo opuesto a lo que dijo en la justicia penal), por lo tanto el juez solicitó una pericia caligráfica a la que nunca se presentó el Intendente.
A estas alturas del texto, no puedo evitar pensar en voz alta: ¿Por qué la justicia penal no reaccionó en más de dos años de girar oficios? ¿Por qué los fiscales no imputaron al intendente? ¿Quién sostiene la “impunidad” de la que goza Ricardo Romero?.
Me remito a parte del slogan de Jujuy Investiga: “los hechos son irrefutables” y Ricardo Romero no fue imputado.
