Libertarios denunciaron penalmente a Marcela Pagano por presunto enriquecimiento ilícito y fraude
Una quincena de diputados de La Libertad Avanza presentó este miércoles una denuncia penal contra su excolega de bloque, Marcela Pagano, bajo los cargos de enriquecimiento ilícito, omisión maliciosa de datos, administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública. La presentación judicial, que también involucra a su pareja, el abogado Franco Bindi, fue radicada en el fuero Criminal y Correccional Federal.
El eje de la acusación patrimonial
Según consignó el diario La Nación, la denuncia impulsada por legisladores como Lilia Lemoine, Celeste Ponce y Santiago Santurio, se basa en presuntas irregularidades detectadas en las declaraciones juradas de Pagano ante la Oficina Anticorrupción. Los denunciantes señalan la "desaparición sin trazabilidad" de un inmueble, la falta de registro de los bienes de su conviviente y declaraciones de divisas con fechas consideradas imposibles.
El texto judicial sostiene que la diputada habría utilizado su mandato para enriquecerse, señalando a Bindi como "instigador y cómplice necesario". Además, los legisladores libertarios sugirieron que el patrimonio denunciado podría tener financiamiento de origen extranjero, vinculando a la pareja de la legisladora con funcionarios de países como Venezuela, Rusia y Bolivia.
Vínculos con asesores y contraofensiva judicial
Otro de los puntos críticos de la denuncia menciona la contratación de cuatro personas como personal de apoyo en la Cámara de Diputados. El oficialismo afirma que estos asesores estarían relacionados con empresas de Bindi y habrían reintegrado parte de sus honorarios públicos a la pareja. Esta maniobra es calificada en el escrito como un mecanismo de fraude al erario público.
La reacción de Pagano fue inmediata pero lejos del recinto. Mientras el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindaba su informe de gestión, la diputada se dirigió a los tribunales de Comodoro Py. Fuentes cercanas a la legisladora indicaron que su presencia en sede judicial tuvo como objetivo aportar nuevas pruebas en la causa donde ella denunció a Adorni por la compra de una propiedad en un country.
Esta escalada judicial se produce en un clima de alta tensión política, luego de que el Gobierno activara revisiones sobre el patrimonio de legisladores opositores. La presentación concluye que la conducta de Pagano configura una infracción a la Ley de Ética Pública, marcando una ruptura total con sus antiguos aliados políticos.