Tras más de dos años de conflicto, el Gobierno y las universidades firmaron un acuerdo por el financiamiento
Luego de más de dos años de una profunda puja que erosionó la relación entre la administración libertaria y la comunidad académica, el Poder Ejecutivo y los rectores de las casas de estudios lograron coincidir en un acuerdo económico. El entendimiento, alcanzado este mediodía en el Palacio Sarmiento, apunta a mitigar el conflicto presupuestario universitario a través de una millonaria inyección de recursos, aunque los procesos judiciales iniciados por la disputa continuarán su curso de forma independiente.
El detalle de los incrementos salariales
Las negociaciones fueron encabezadas por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, junto a los representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci y Anselmo Torres. En el acta firmada se formalizó un aumento salarial del 24,33% para el sector de los trabajadores docentes y no docentes, el cual se desglosará en un 21,33% para el mes de junio y un 3% adicional pautado para octubre, sumado al compromiso de abrir paritarias cada tres meses en lo que resta del año.
Este desenlace se concretó mediante la autorización de una partida de $800.000 millones por parte del Ministerio de Economía de la Nación. De acuerdo con los datos publicados por LA NACION, la medida busca dar respuesta a la caída real del 33% en los ingresos del sector, una situación crítica que provocó la renuncia de 10.000 docentes en todo el país y afectó el normal desarrollo de las actividades académicas.
Fondos adicionales para hospitales y becas
El entendimiento económico excede la recomposición de los haberes e incluye un paquete de asistencia para diversas áreas. Las autoridades dispusieron asignar $50.000 millones extras para los hospitales universitarios, los cuales se acoplarán a los $80.000 millones que ya se encontraban previstos dentro del presupuesto actual.
Asimismo, el convenio estipula un incremento del 20% destinado a cubrir los gastos de funcionamiento institucionales de las universidades nacionales. En lo que respecta a las ayudas estudiantiles, se fijó una suba del 50% para las becas Manuel Belgrano, un beneficio enfocado en carreras estratégicas que permanecía congelado en la suma de $81.685 desde el año 2024; en contraposición, las becas Progresar no fueron incluidas dentro de este esquema de actualización.
Continuidad de la disputa judicial
A pesar del consenso financiero alcanzado en las mesas de diálogo, los rectores universitarios rechazaron levantar la demanda legal vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario. La normativa en cuestión, que exige actualizar los fondos estatales según parámetros de 2023, se encuentra bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia de la Nación luego de que el Gobierno interpusiera un recurso extraordinario contra los fallos previos de la Cámara Federal.
El Poder Ejecutivo argumentó ante el máximo tribunal que el cumplimiento estricto de la ley exigiría reasignar el 90,3% de los créditos de los gastos primarios del Estado. Según los informes del Ministerio de Economía, dicha situación provocaría una parálisis significativa en el funcionamiento de los tres poderes públicos, afectando desde la seguridad en Rosario hasta el abastecimiento de los establecimientos carcelarios y la actividad judicial ordinaria. El paso a seguir por ambas partes será operivizar los desembolsos pactados mientras se aguarda la resolución definitiva de la justicia.