El martes que viene se modificarán los modos con los que se hace Justicia en la República Argentina. De acuerdo a las fuentes involucradas en este cuestión consultadas por Clarín, dentro de cuarenta y ochos horas saldrá publicado en el Boletín Oficial parte de la nueva implementación del Código Procesal Penal, es decir, las normas con las que deberán trabajar las autoridades del Poder Judicial. Estos cambios involucran a un punto que ya generó controversias, polémicas, o esperanzas, según sea el actor involucrado.
Es que se limitará la variable más relevante para cualquier acusado de cometer un delito en una causa judicial en su etapa de instrucción. La reforma se centra en cómo se decide si pasa su tiempo bajo investigación en libertad. O en la cárcel.
Por orden de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal, se reducirán los argumentos, siempre basados en hechos de la realidad, con la que los magistrados podían hasta ahora ordenar la prisión preventiva de los procesados en sus expedientes.
El impacto de la medida provocó suspicacias debido a la fecha en la que se conoció, y más aún, en la que se oficializará: a pocos días del recambio del poder político nacional.
El 10 de diciembre asumirá el presidente electo, Alberto Fernández, mientras que Mauricio Macri, entre otras autoridades nacionales que asumieron en el 2015, volverán al llano.
Fernández, ya desde antes de ser el candidato más votado en las PASO, había cuestionado a los jueces por lo que consideraba eran prisiones preventivas injustas que sufrían muchos políticos K que pasaban y en algunos casos aún sus días en cárceles federales.
¿Este cambio se implementa para beneficiar a los aún ex funcionarios de los Kirchner detenidos con preventiva en causas de corrupción? Podría pasar. Del mismo modo que podría ser una "ventaja" para los políticos que hoy están en el poder, que ya están imputados en casos judiciales de posibles delitos de corrupción y que, en un futuro no tan lejano, tal vez deban enfrentarse a la posibilidad de un procesamiento con prisión preventiva.
Es indiscutible que la clase política ha encontrado un consenso en esta limitación a los métodos con los que los jueces ordenaban la detención de los procesados en sus causas. De acuerdo a información oficial de la Procuración Penitenciaria Federal, hay 8.348 personas privadas de su libertad que están encarcelados sin que la Justicia haya dictado sobre ellos una condena firme.
Todos ellos podrían accionar a través de abogados para pedir su libertad argumentando que fueron detenidos sin que se cumplieran las nuevas restricciones a las prisiones preventivas que impondrá el cambio sobre este punto en el Código Procesal Penal, aseguraron expertos en el tema.
Son potenciales delincuentes, procesados en causas que investigan si cometieron delitos que abarcan a todos los crímenes tipificados en del Código Penal.
Cálculos extraoficiales consideran que existen alrededor de 200 personas presas sin condena firme en casos de delitos de lesa humanidad, que deberían tener un acceso igualitario a la Ley, tal como dicta la Constitución Nacional que las dictaduras abolieron para cometer todo tipo de aberraciones.
La Justicia para quienes podrían ser condenados como autores de muertes cometidas desde el Estado, desapariciones de personas, o delitos derivados de haber ostentado un cargo de autoridad en la última dictadura, es justamente que sus procesos se desarrollen cumpliendo todas las garantías procesales que da la democracia. Como dice el dicho popular, y sin hacer comparaciones literales, solo metafóricas: "No se resuelve el problema del canibalismo comiéndose a un caníbal".
Que ahora tantos miles de presos, provengan o no de la política, tengan una nueva herramienta jurídica para solicitarle a los jueces salir de la cárcel no significa que lo harán de inmediato.
Ni tampoco que saldrán libres.
Los magistrados deberán estudiar caso por caso a esos futuros pedidos, teniendo en cuenta ahora las nuevas restricciones. Y siempre y cuando los procesados que están detenidos le soliciten a los magistrados volver a la calle.
El problema es estructural y excede a los políticos presos, que tampoco serán excarcelados rápidamente aunque logren interponer con los estudios de abogados más cotizados del país, o debido a su notoriedad pública, los recursos en los tribunales para dejar las penitenciarías.
Si 6 de cada 10 presos en la Argentina están detenidos sin condena firme es porque la Justicia no logró resolver sus expedientes con la rapidez ideal. En nuestro país, uno de los principales problemas del Poder Judicial es la falta de Tribunales Orales que condenen o absuelven sin retrasos.
Es imposible determinar cuántos de los 8.348 detenidos sin condena firme son inocentes o en cuántos casos las prisiones sin condena que recaen sobre ellos son parte de un "uso excesivo de la prisión preventiva, que incrementa notablemente las cifras de encarcelamientos", tal como identifica a la problemática la Procuración Penitenciaria Federal.
Los datos de los presos que no provienen de la política que viven su proceso sin condena y pasan años de limbos judiciales en las cárceles, alarman.
Pero el debate público sobre las preventivas sólo se expuso ante la opinión pública cuando la Justicia detuvo como nunca antes a miembros de la política. Con excesos quizás. O sin ellos. Pero también con sentencias firmes dictadas por tribunales orales y hasta ya aceptadas por la Cámara de Casación Penal. Algunos de los más célebres presos K tienen condena. Otros solo fueron procesados con preventiva.
Como se dijo, 8.348 presos del Servicio Penitenciario Federal están encarcelados sin condena. Mientras que 5.963 personas están privadas de su libertad con la correspondiente condena firme.
Uno de los jueces que trabajó en la redacción del nuevo Código Procesal Penal, el miembro de la Cámara de Casación Penal Federal, Mariano Borinsky, aseguró que la implementación de los límites no se reglamentará para beneficiar a los políticos presos. Ni a ningún preso en especial.
Según él, "lo que se busca es igualdad ante la ley y la transparencia en la Justicia". Y agrega que ahora "se brindan criterios concretos y uniformes para todos los tribunales de la Nación a fin de evitar situaciones de desigualdad ante la ley mediante pautas claras y previsibles" que se deberán establecer para ordenar la prisión preventiva de los procesados.
El nuevo Código Procesal Penal, incluso en este punto que limita cómo y por qué un magistrado puede o no pedir una prisión preventiva, es bien recibido en los tribunales federales, según comprobó Clarín entre magistrados y fiscales que integran juzgados de instrucción, y tribunales de alzada, y lo mismo se recogió entre fiscales.
Aún así, se estima que tras la implementación del nuevo Código Procesal Penal respecto a las prisiones preventivas los políticos presos K, igual que un número indefinido de los 8948 de los detenidos en el Servicio Penitenciario Federal (SPF) pedirán sus excarcelaciones.
Fuente: Clarín
