La Argentina registró un dato que encendió una señal de alerta en el sistema de salud: la tasa de mortalidad infantil volvió a aumentar luego de más de dos décadas de descenso sostenido. Según estadísticas oficiales del Ministerio de Salud de la Nación, el indicador pasó de 8 a 8,5 muertes cada 1.000 nacidos vivos entre 2023 y 2024, lo que representa el primer incremento significativo desde 2002.
De acuerdo al informe difundido por el organismo sanitario y analizado por Chequeado, durante 2024 se contabilizaron 3.513 fallecimientos de niños y niñas menores de un año en todo el país. Si bien el número absoluto de muertes es menor al de años anteriores, el aumento de la tasa se explica por la fuerte caída de la natalidad registrada en los últimos años.
Desde comienzos del siglo XXI, la mortalidad infantil había mostrado una tendencia descendente casi ininterrumpida: en el año 2000 la tasa era de 16,6 muertes cada 1.000 nacidos vivos. Los retrocesos habían sido puntuales y de menor magnitud, como los registrados en 2002, 2007 y durante la pospandemia. El incremento observado entre 2023 y 2024 marca, sin embargo, un quiebre más pronunciado.
Las provincias con las tasas más altas
El informe revela marcadas diferencias entre las provincias. Corrientes encabeza el ranking con la tasa más elevada del país: 14 muertes infantiles cada 1.000 nacidos vivos. Le siguen Chaco, con 11,8, y La Rioja, con 11,7. También se ubican por encima del promedio nacional Formosa y Santiago del Estero, ambas con una tasa de 10,7.
En el otro extremo se encuentra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que presenta el mejor indicador a nivel nacional, con 4,9 muertes infantiles cada 1.000 nacidos vivos.
En términos absolutos, la mayor cantidad de fallecimientos se registró en la provincia de Buenos Aires, con 1.236 casos, seguida por Santa Fe (275) y Córdoba (231), cifras que responden en gran medida al volumen de población de esos distritos.
Un indicador clave de las condiciones sociales y sanitarias
La mortalidad infantil es uno de los principales indicadores para evaluar la calidad de vida, el acceso a la salud y las condiciones socioeconómicas de una población. Incluye tanto las muertes ocurridas en los primeros 27 días de vida (mortalidad neonatal), generalmente asociadas a la atención del embarazo, el parto y el período perinatal, como las registradas hasta el primer año, más vinculadas a factores ambientales, infecciones y condiciones sociales.
Especialistas advierten que el reciente aumento refleja el impacto del deterioro de las condiciones económicas y sanitarias, profundizadas tras la pandemia, y vuelve a poner en agenda la necesidad de fortalecer las políticas públicas vinculadas a la salud materno-infantil y a la reducción de las desigualdades regionales.
