INVESTIGACIÓN
El fiscal federal Carlos Amad confirmó que se está investigando una posible asociación ilícita que habría tramitado de forma irregular miles de pensiones no contributivas por discapacidad en las provincias de Jujuy y Salta.
La causa, que ya lleva más de seis meses en curso, apunta a una red integrada por profesionales, entre ellos médicos, que habrían armado expedientes falsos para acceder a los beneficios. “Hay pensiones otorgadas a la una de la mañana o a medianoche, sin certificados médicos ni justificaciones válidas”, alertó el fiscal en diálogo con Cadena 3.
Según Amad, el perjuicio económico para el Estado podría ser "monumental" y, si se confirman las sospechas, alcanzaría los billones de pesos.
Los números que maneja la fiscalía son preocupantes: se investigan alrededor de 56.000 pensiones en Salta y 26.000 en Jujuy, de las cuales se busca determinar cuántas fueron otorgadas legalmente y cuántas no.
La causa se inició tras una denuncia contra un médico de Joaquín V. González, en Salta. A partir de allí, se detectaron vínculos entre diferentes actores que habrían participado en la gestión de las pensiones en el que incluso se menciona a personas cercanas a autoridades municipales.
Amad aseguró que los profesionales que emitieron certificados falsos ya están identificados y que en las próximas semanas se avanzará con las imputaciones.
“Esto también tiene un impacto muy grave en quienes realmente necesitan la pensión. Personas con discapacidad real siguen esperando mientras otros acceden por vías fraudulentas”, remarcó el fiscal.
