El BCRA abrió un procedimiento interno para investigar posibles incumplimientos de funcionarios
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) inició una investigación administrativa interna para determinar si cinco funcionarios de la entidad incurrieron en faltas al Código de Ética del organismo o a la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, en el marco de una causa judicial por presuntas irregularidades en la venta de dólar oficial durante los años 2022 y 2023.
La decisión fue comunicada oficialmente por el BCRA luego de la difusión de audios que tomaron estado público, en los que se menciona a funcionarios del organismo en supuestas maniobras irregulares vinculadas a operaciones cambiarias. Entre las grabaciones difundidas aparece una conversación entre el financista Elías Piccirillo y Romina García, inspectora de Supervisión de Entidades No Financieras del Banco Central.
En esos audios, García reconoce haber asesorado a Francisco Hauque, socio de Piccirillo, una conducta que, según ella misma admite, está prohibida por las normas internas. También asegura haber sido víctima de presiones y extorsiones, situación que, según manifestó, fue puesta en conocimiento de las autoridades del BCRA sin que se adoptaran medidas.
A raíz de estos hechos, el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi ordenaron, a fines de 2025, allanamientos en los domicilios de cinco funcionarios del Banco Central: Romina García, Diego Volcic, Analía Jaime, Fabián Violante y María Valeria Fernández. Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, computadoras y dispositivos de almacenamiento, que quedaron bajo análisis judicial.
Además, la Justicia realizó un operativo dentro del propio Banco Central para recabar documentación vinculada a operaciones con dólar oficial realizadas por financieras relacionadas con Piccirillo y Hauque.
Desde la entidad monetaria informaron que los hechos investigados habrían ocurrido durante 2022 y 2023 y que la causa judicial se apoya, entre otros elementos, en sumarios iniciados por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias durante la gestión anterior.
El BCRA, presidido por Santiago Bausili, se presentó como parte en la causa y solicitó acceso al expediente judicial en dos oportunidades, aunque hasta el momento no obtuvo respuesta. En ese sentido, señalaron que aún no cuentan con precisiones sobre los hechos concretos que se investigan ni sobre la eventual responsabilidad penal de los funcionarios involucrados.
No obstante, el organismo remarcó que continúa colaborando plenamente con la Justicia y que la investigación penal surge de reportes que el propio Banco Central elevó a la Unidad de Información Financiera (UIF) por posibles irregularidades cambiarias y maniobras vinculadas al lavado de activos en los años bajo análisis.