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por En sintonía con lo que ocurre en distintas partes del mundo, el Ayuntamiento de Madrid endureció su lucha contra la proliferación de viviendas de uso turístico (VUT) en la capital, un mercado que se disparó después de la pandemia y que “en la mayoría de los casos son irregulares”, además de constituirse como competencia desleal con relación a los hoteles y establecimientos de hospedaje habilitados. Con esta nueva ofensiva se pretende, además, evitar “la desertización del centro de la ciudad, los problemas de convivencia con los vecinos, la reducción de la vivienda residencial y la afección en el turismo”.
Para lograr estos objetivos, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, anunció que el Ayuntamiento pone en marcha un plan de acción para equilibrar el mercado de hospedaje en la ciudad que contempla diversas acciones, entre ellas la suspensión temporal de las licencias municipales de viviendas turísticas con carácter inmediato, el endurecimiento del régimen sancionador para los propietarios cuyos inmuebles operen como VUT sin contar con autorización del Ayuntamiento y reforzar la plantilla de inspectores. Además de la publicación de un listado oficial de VUT con licencia y su ubicación real.
Esta batería de medidas se ampliará con la Modificación del Plan General, con las que el gobierno municipal pretende incrementar la oferta de vivienda residencial en la zona centro, atrayendo nuevos vecinos; ordenar la oferta turística ofreciendo un turismo de calidad a los visitantes; mejorar la vida de los madrileños que se puedan ver afectados por las molestias que generan algunas VUT; y dotar de mayor seguridad a los turistas que opten por disfrutar de la ciudad en este tipo de alojamientos.
SANCIONES MÁS ALTAS
El Ayuntamiento de Madrid no disponía de una normativa sancionadora específica para las VUT. Hasta ahora, el procedimiento que sigue en caso de detección de funcionamiento irregular de una VUT que no se puede legalizar es el que se rige por la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo. Inicialmente, se ordena el cese de la actividad; si el propietario no acata la orden municipal y, posteriormente, se comprueba que continúa operando ilegalmente, se imponen multas coercitivas de 1.000, 2.000 y 3.000 euros.
Pero a partir de ahora, cuando el Ayuntamiento de Madrid verifique que una vivienda se dedica a uso turístico sin contar con licencia para tal efecto, se actuará al amparo del artículo 204 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid (LSCM). La legislación autonómica tipifica como infracción grave la implantación de uso incompatible con la ordenación urbanística.
Bajo esta normativa, el Ayuntamiento ejecutará un procedimiento que comenzará con un primer aviso de orden de cese y restablecimiento de la legalidad. En caso de que se incumpla se impondrá una sanción firme de 30.001 euros. Si continúa la actividad irregular se pondría una segunda sanción firme de 60.001 euros. Si persiste la infracción la multa ascendería a 100.001 euros. Estas sanciones son acumulativas en caso de que se mantenga el quebrantamiento de la ley, con lo cual la multa total podría alcanzar los 190.000 euros.
REGULACIONES EN ITALIA
A fines del año pasado, policía fiscal italiana recibió la orden de embargar unos 779 millones de euros (US$ 835,5 millones) a Airbnb Ireland Unlimited Co., según la fiscalía de delitos fiscales de Milán.
La incautación está vinculada a los impuestos no recaudados de los propietarios entre 2017 y 2021, antes de que la compañía acudiera a los tribunales para superar el estricto impuesto de alquiler italiano del 21% sobre las propiedades de alquiler, según un comunicado de la oficina del fiscal emitido este lunes por la noche.
Las propiedades ilimitadas de Airbnb Ireland en Italia durante ese tiempo le reportaron unos 3.700 millones de euros (US$ 3.960 millones), de los cuales el 21 por ciento correspondía a las arcas fiscales italianas, de acuerdo con la normativa sobre alquileres a corto plazo en Italia.
Fuente: Infobae y CNN.
