por El gobierno de Italia anunció una pena de hasta dos años de cárcel para aquellos padres o tutores que no cumplan con la obligación de enviar a sus hijos a la escuela. Esta medida se produce en respuesta a una serie de delitos cometidos por bandas de adolescentes en el país, incluyendo casos de violación en grupo.
La creciente delincuencia juvenil se convirtió en un desafío significativo para Italia, y el gobierno de Giorgia Meloni adoptó una serie de medidas para abordar los delitos perpetrados por pandillas de adolescentes. Recientemente, se produjo un caso de violación en grupo de dos niñas de 10 y 12 años en las afueras de Nápoles, lo que reavivó el debate sobre la edad de responsabilidad penal. Antes de esto, se registró un incidente en el que una joven de 19 años fue agredida por un grupo de siete adolescentes en Sicilia.
"Estamos fortaleciendo las sanciones contra los padres que no envían a sus hijos a la escuela, lo que antes se castigaba como una infracción y ahora elevamos al rango de delito con pena de prisión", declaró el Ministro de Justicia, Carlo Nordio.
Además, Nordio enfatizó: "Creemos que al responsabilizar a los padres, estamos ayudando a los menores", al explicar uno de los 14 artículos del decreto que el gobierno ha propuesto para combatir la "plaga de la delincuencia juvenil".
El decreto en cuestión se diseñó en respuesta a la "necesidad extraordinaria y urgente de planificar intervenciones de infraestructura para abordar situaciones de degradación, vulnerabilidad social y penuria juvenil en el municipio de Caivano", donde tuvo lugar el ataque a las dos niñas. También destaca la necesidad de fortalecer las medidas para garantizar el cumplimiento de la escolaridad obligatoria.
"Nuestro enfoque se centra en los padres, ya que en muchas ocasiones, la inclinación de los jóvenes hacia la criminalidad está influenciada por la participación de sus familias en actividades delictivas", señaló el Ministro de Justicia.
Según Nordio y posteriormente confirmado por el Ministro del Interior, Matteo Piantedossi, el decreto no incluirá una reducción de la edad de responsabilidad penal. En cambio, establecerá un sistema de advertencias por parte de la policía para jóvenes de entre 12 y 14 años que cometan delitos graves, como robos agravados. Además, se impondrá una sanción administrativa a sus padres, que podría incluir la eliminación de subsidios, según informó la agencia Télam.
La normativa establece que la prisión preventiva se aplicará en casos en los que se considere que los menores acusados representan un riesgo de fuga, según Nordio.
Fuente: con información de Perfil
