Alrededor de 40 barrios de la capital jujeña se encuentran asentados en zonas de riesgo hídrico
Las consecuencias del último temporal ocurrido en Jujuy revelaron nuevamente la problemática de los asentamientos que se ubican en zonas de riesgo hídrico y sufren de inundaciones.
En el caso de la capital jujeña, su hidrografía particular hace que en gran parte del territorio de San Salvador existan barrios asentados en zonas inundables.
Respecto a esta situación, Humberto García, secretario de Ordenamiento Territorial y Vivienda, en diálogo con "La Primera Mañana" de AM 630 - Lw8 estimó que son alrededor de 40 barrios capitalinos los que se encuentran ubicados en zonas de riesgo hídrico, lo que implica que el estado deba no solo atender las emergencias cuando ocurren perjuicios ocasionados por las lluvias, sino también realizar obras para mitigar el daño.
"Desde el inicio de esta gestión venimos tratando este problema porque hay asentamientos a la vera de los ríos y en el caso de barrio Obrero, que se asentó en una quebrada sin factibilidad de hábitat, cada año se suman nuevas familias a ocupar tierras que no son aptas para vivir", explicó García.
"Una vez que las familias se instalan es muy difícil que puedan salir, de todas formas hace dos años que venimos trabajando en la reubicación de la gente pero en muchos casos, los grupos vuelven a los terrenos que no son aptos y luego se producen los inconvenientes con las tormentas", describió el funcionario provincial.
En ese sentido, el secretario de Ordenamiento Territorial adelantó que para este año se gestionarán recursos con el estado nacional para poder realizar obras de mitigación y urbanización.
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Polémica con los certificados de "barrios populares"
En otro tramo de la entrevista García apuntó a la falta de coordinación del Renabap (Registro Nacional de Barrios Populares) con la secretaría que él preside. En ese punto, el funcionario recordó que ese registro se conformó bajo la gestión de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y habilita a las organizaciones sociales a hacer un relevamiento, censar y determinar qué asentamientos son barrios populares.
"El problema es que las familias que reciben un certificado creen que tienen las escrituras de la vivienda y se produce una confusión. Lo que se le tiene que decir a la gente es que no se pueden asentar en esos lugares. No podemos coordinar con el Gobierno Nacional que debería trabajar en conjunto con los municipios y el Gobierno Provincial. No queremos volver a épocas donde las urbanizaciones las hacían los movimientos sociales".