Por medio de una resolución del Ministerio Público de la Acusación aprobaron el “Protocolo para el abordaje en conflictividades de tierras y las comunidades aborígenes”. Además determinaron que la Escuela de Capacitación del MPA sea la encargada de capacitar sobre los lineamientos fijados en la temática.
Este protocolo se configura como un fruto del compromiso del MPA tras encuentros con miembros del Pueblo Indígena de Ocloya, y del Poder Ejecutivo Nacional y Provincial, donde plantearon, entre otros aspectos, la necesidad de generar un mecanismo de acción articulado e interinstitucional para abordar los conflictos de tierras y buscar alternativas a la intervención penal como las definiciones en otros fueros.
El Protocolo tiene como marco legal lo prescripto por el art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional, el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la ley 26160 (la cual ha sido prorrogada por ley 27.400), y lo estipulado en un proyecto de protocolo relacionado a la temática presentado por la Comunidad Aborigen Las Capillas.
Además solicitaron a las Fiscalías la remisión de todas las causas en las que se investiguen posibles usurpaciones por parte de miembros de comunidades aborígenes, para evaluar el estado de trámite y definir acciones de política criminal teniendo en cuenta el marco legal. Asimismo, les recordó y resaltó a los encargados de investigar dichas causas que se encuentra en vigencia la ley 27.400.
De esta manera y con estas acciones apuntan a garantizar la orden constitucional de reconocer la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades aborígenes (conf. Art. 75 inc. 17 C.N) mediante un procedimiento que, ante la evidencia de posesión según la ley 26.160, verifique, analice y aplique criterios objetivos para que el conflicto se dirima en el ámbito que corresponda.
