TARIFAS
por La tarifa del gas aumentará debido a la quita de subsidios y, si bien aún no están definidos los porcentajes, se llegarían a cuadruplicar los montos que pagan los hogares. El Gobierno nacional establecería una “canasta energética” para dar cobertura a una cantidad determinada de metros cúbicos.
Alicia Chalabe, representante del Comité de Defensa al Consumidor (Codelco) en Jujuy, explicó cómo se encamina la situación que fue abordada en audiencias públicas durante la semana pasada. “Se va a un esquema de abandonar los subsidios progresivamente, en febrero, marzo y abril hasta llegar a una quita definitiva”, inició en diálogo con Canal 7.
“Se prevén aumentos para todas las distribuidoras de energía porque se va a otro tipo de esquema tarifario. Gasnor pide un aumento aproximado del 413% de la facturación que venía teniendo hasta ahora”, indicó con relación a la compañía que presta el servicio en Jujuy, Salta y Tucumán.
Chalabe señaló que “las distribuidoras quieren asemejar la tarifa al costo real de la prestación del servicio, que tiene que ver con el precio de gas en boca de pozo, el costo de distribución y los impuestos”. No obstante, la representante de usuarios y consumidores destacó que debe considerarse la capacidad de pago de los hogares.
En ese sentido, planteó que “venía a un precio de consumo bastante bajo porque regulaba el Estado, lo quieren liberar y esto va a significar un impacto tremendo en el bolsillo de los usuarios”.
Las compañías "quieren un ajuste mensual y habría una canasta energética, un tope de cantidad de metros cúbicos subsidiados por el Estado y con una reasignación de los subsidios que se hicieron hasta ahora", explicó Chalabe en cuanto a los aportes del Gobierno para el servicio.
Al respecto, recordó que en la actualidad hay 3 niveles: una tarifa plena para sectores de mayores ingresos; quienes tienen un porcentaje de aporte y finalmente aquellas personas que tienen más bajos ingresos y cuentan con la mayor parte de la tarifa subsidiada. Esa segmentación dejaría de regir.
“Es una renegociación y se va a ir a una tarifa provisoria hasta que el Estado establezca la tarifa integral definitiva”, indicó finalmente y sostuvo que desde las organización de defensa al consumidor: “vamos a ver si responde a los criterios establecidos por la Corte de que tiene que ser una tarifa justa y razonable y no confiscatoria de los salarios de las personas”.
