JUSTICIA
por Familiares de Ivo Torres, el joven oriundo de La Quiaca que fue asesinado el 6 de febrero durante una persecución en la frontera argentino-boliviana, volvieron a manifestarse esta mañana en Plaza Belgrano para reclamar justicia. La marcha coincidió con el Día Universal de los Derechos Humanos, fecha que los allegados eligieron para visibilizar lo que califican como una “injusticia prolongada” en el expediente.
El tío de Ivo, quien encabezó la movilización, expresó el profundo dolor que atraviesa la familia desde el día del hecho. “Vinimos desde la Puna, desde Barrancas, para expresar el dolor inmenso que vivimos desde aquel 6 de febrero, cuando Ivo fue baleado . Solo llevaba hojas de coca en la mochila, y aun así fue ejecutado por la espalda”, denunció.
Según relató, las cuatro declaraciones que los gendarmes realizaron durante la investigación “no coincidieron entre sí”, lo que considera una señal clara de irregularidades. Sin embargo, tres de los cuatro efectivos imputados recuperaron la libertad y actualmente continúan prestando servicio activo.
“El único detenido es el que disparó el arma reglamentaria. El peritaje muestra que el tiro fue por la espalda y perforó el cuello. A pesar de todas las pruebas, tres siguen trabajando como si nada hubiera pasado”, afirmó.
Además, cuestionó la nueva prórroga solicitada por la defensa, que extiende el plazo de la investigación hasta el 24 de diciembre.
“Es una fecha intencional. Saben que en las fiestas la sociedad está en otra cosa. Pedimos que ese día no pidan otra extensión más. Toda la evidencia ya está: las declaraciones, el lugar del hecho, todo. Queremos que se abra la causa y se avance hacia una sentencia”, reclamó.
“Las pruebas son contundentes”
El abogado de la familia Torres, Sebastian Espada también estuvo presente en la marcha y brindó detalles sobre la situación judicial actual. Confirmó que la investigación penal preparatoria fue prorrogada hasta fines de diciembre, y que en esa fecha se definirá el futuro del proceso.
“A fines de diciembre habrá una audiencia donde se resolverá si se clausura la investigación o si se formula la acusación correspondiente”, explicó.
El letrado recordó que en octubre la querella tomó conocimiento de que tres de los gendarmes procesados estaban nuevamente trabajando, lo que calificó como un hecho doloroso y contradictorio.
“Esto profundizó la herida emocional de la familia. Ya pasaron diez meses del asesinato y quienes participaron siguen trabajando normalmente, aunque continúan afectados a la causa y deben firmar cada 30 días, además de tener prohibido salir del país”, precisó.
En cuanto al estado de la causa, aseguró que “las pruebas en el legajo son contundentes respecto de la participación criminal de los cuatro efectivos. Estamos expectantes y esperamos que la investigación culmine cuanto antes, que se formulen las acusaciones y que finalmente se avance hacia una sentencia”.
El plazo judicial vence el 24 de diciembre, fecha clave en la que la fiscalía y la querella deberán definir si avanzan con acusaciones conjuntas o autónomas.
