LA QUIACA
por La Unidad Fiscal Jujuy imputó a dos trabajadores y a una empresa de comercialización de carnes por una maniobra de contrabando de exportación e importación agravado, vinculada al traslado ilegal de 15 medias reses hacia Bolivia y al posterior cobro de más de 22 millones de pesos, detectados por Gendarmería en marzo de 2024.
La audiencia se realizó el viernes pasado ante el juez federal de Garantías N°1, Eduardo Hansen (interino del Juzgado Federal 2), con la intervención de la fiscal Lucía Orsetti y la auxiliar fiscal Sofía Escudero. La causa ya había tenido una primera formalización el 13 de junio.
En ese momento, la fiscalía imputó a uno de los empleados como partícipe necesario de contrabando de exportación e importación, y a otro por contrabando de importación. En la nueva audiencia se incorporó el agravante del artículo 865 inciso i del Código Aduanero, aplicable cuando el valor de la mercadería supera los tres millones de pesos, y se extendió la imputación a la empresa, como responsable solidaria, conforme al artículo 887 de la norma.
El caso
Según reconstruyó la fiscalía, el 11 de marzo de 2024, una patrulla del Escuadrón 21 La Quiaca de Gendarmería detectó a los dos empleados ingresando desde Bolivia por un paso no habilitado. Durante el control, los efectivos hallaron $22.638.550 en poder de uno de ellos, dinero que fue secuestrado junto a su teléfono celular.
Ambos trabajaban en una carnicería de la firma en La Quiaca y no pudieron justificar el origen del dinero. La investigación determinó que el 7 de marzo, cuatro días antes, uno de los empleados había intervenido en el traslado ilegal de 15 medias reses hacia territorio boliviano utilizando un camión Iveco de la empresa. La operación se concretó en dos momentos —mañana y tarde— y finalizó con el vehículo estacionado a pocos metros de la frontera, desde donde la carne fue transferida a Bolivia.
La fiscalía sostuvo que la hipótesis se ve respaldada por distintas evidencias: geoposicionamiento del camión, impacto de antenas del celular e intercambios de mensajes entre uno de los imputados y su pareja, donde se describen las tareas de carga y descarga. Entre los textos figuran frases como: “Con carne”, “Recién cargamos 15 medias” y “Vamos a ir a descargar”. En otro mensaje, su pareja le advertía: “A pie están gendarmes”.
La empresa
La fiscalía aseguró que la empresa estuvo directamente vinculada a la maniobra. En el expediente constan solicitudes formales de la firma para la restitución del dinero secuestrado, alegando que correspondía a una venta a una clienta, acompañando facturas y documentación. También figuran las constancias laborales de los empleados: mientras uno de ellos ingresó a la empresa en marzo de 2021, el otro fue registrado recién el 13 de marzo de 2024, dos días después del operativo.
Además, se verificaron frecuentes cruces migratorios de otros trabajadores hacia Villazón, en horarios similares y con permanencias breves, de entre dos y tres horas.
Según los registros, la empresa fue constituida en 2009 en Salta, posee más de diez puntos de venta —entre ellos la carnicería de La Quiaca— y opera en el rubro de comercialización de carnes. La compañía tiene registro como Agente Aduanero, aunque se encuentra suspendida desde agosto de 2022 para operar en comercio exterior por falta de pago de servicios extraordinarios.
Con este cuadro, la fiscalía fundamentó la imputación a la empresa según los artículos 864 inciso a y 865 inciso i del Código Aduanero, que prevén penas de dos a ocho años de prisión para quien importe o exporte mercadería por lugares no habilitados y su agravante por el valor de la mercadería.
Sin objeciones de las defensas, el juez formalizó la ampliación de la imputación y prorrogó las medidas de coerción sobre los empleados, entre ellas la prohibición de salir del país, presentaciones periódicas y el compromiso de no entorpecer la investigación.
