JUJUY
por La trata de personas es una problemática que cada vez está más vigente en el mundo y desde diferentes organismos trabajan articuladamente para ayudar a las víctimas a salir de la explotación.
Gabriela Burgos, referente del Comité Ejecutivo a la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y Protección y Asistencia a las Víctimas de Jujuy habló en el programa "El Puente Informativo" de AM630 y confirmó que este año, "incrementó el número de personas que fueron captadas por las redes de explotación o de proxenetas".
Explicó que para el rescate de las víctimas, "los organismos competentes que intervienen en la investigación, inspección, fiscalización del rescate y asistencia a las víctimas trabajan de forma articulada y coordinada con el estado nacional, provincial y con los sindicatos", pero en la provincia es un poco más complicado al ser limítrofe "lo cual nos hace más vulnerables para estos delitos".
Burgos, resaltó que desde el 2014 hasta la actualidad todas las víctimas que rescatan "son asistidas por los programas que se crearon a nivel nacional para las víctimas de trata y explotación de personas" y aseguró que en Jujuy asisten a más de 32 personas.
La referente, mencionó que por la intervención de los medios de comunicación, de los civiles, de organizaciones y de los diferentes ministerios "se puede denunciar en la Justicia la explotación sexual y laboral mediante los cuales se logró rescatar a niños, adolescentes y adultos".
También, afirmó que las víctimas una vez que son rescatadas, mediante un protocolo de articulación llevado a cabo por los referentes, pueden elegir donde vivir y "las que son rescatadas de explotación sexual, optan por quedarse en la provincia porque conocen el movimiento de las redes que ponen en riesgo la integridad de los que sufren la explotación". Por su parte, los que sufrieron la explotación laboral "deciden regresar a su provincia o a su país".
Investigan a la ONG Remar por presunta explotación laboral
Burgos informó sobre el operativo que s ellevó a cabo en una ONG conocida como "Remar" la asociación, que recupera a jóvenes y adultos que cayeron en las adicciones.
Gendarmería informó que al menos 403 personas fueron "rescatadas" en el marco de más de 30 allanamientos realizados en distintos puntos del país. Los procedimientos se realizaron en Córdoba y en otras provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza y San Luis.
Fuentes con acceso a la causa señalaron a La Voz que la pesquisa se inició por una denuncia de una presunta víctima que trabajaba o se desempeñaba en esa ONG. Hay al menos siete personas bajo sospecha judicial.
Por ahora, no se conocen las imputaciones. Todo hace presumir que la acusación sería por trata de personas. De todos modos, no se descarta que puedan existir otros delitos.
"Han quedado demoradas. De un momento a otro se conocerán las imputaciones. Sucede que se están receptando muchas entrevistas a las víctimas y se están realizando diversas diligencias", dijo un informante. "Puede haber más involucrados", añadió una fuente con conocimiento de la pesquisa.
En paralelo, se secuestraron notebooks, computadoras, celulares, dinero en efectivo (1.919.520 pesos argentinos y 9.140 dólares estadounidenses) y demás elementos de interés para la causa. Se sospecha que, conforme se realicen más procedimientos, es probable que se incaute más efectivo.
El juez Juan Esteban Maqueda dispuso la prohibición de salida del país para siete personas y que no se acerquen a los lugares allanados ni tengan contacto con allegados a las víctimas. En paralelo, ordenó que las víctimas queden a cargo de un programa de rescate y acompañamiento del Ministerio de Justicia de la Nación.
Tras realizar hace una semana atrás más de 30 allanamientos de manera simultaneo en las diferentes sedes de la ONG Remar, el Juzgado Federal de San Luis a cargo del magistrado Juan Esteban Maqueda, dispuso la ampliación de la intervención a través de veedores de la ONG Remar, que se encuentra siendo investigada por situaciones compatibles con reducción a la servidumbre y explotación laboral e irregularidades patrimoniales.
Según informó el Comité Ejecutivo de Lucha Contra la Trata, a través de un nuevo oficio (N° 908) el Poder Judicial solicita a los veedores designados que se deberá tomar contacto con el Punto Focal respectivo de cada provincia en relación a la situación de las personas que solicitaron rescate durante esos allanamientos, así como relevar de manera urgente los casos de salud que requieran de atención. Además, pidió a los veedores garantizar que las víctimas no sean intimidadas, así como el acceso a bienes esenciales.
